El hermano de un periodista holandés asesinado en 1982 cuando cubría la guerra civil en El Salvador demandó a un exoficial del ejército salvadoreño que ha vivido por décadas en los suburbios del norte de Virginia y está acusado de orquestar el homicidio.
La demanda, presentada el jueves en la corte federal de distrito de Alexandria, pretende el pago de una cantidad no especificada por daños y perjuicios contra Mario Adalberto Reyes Mena, además de una declaración donde se le haga responsable del asesinato de Jan Kuiper y de otros tres periodistas holandeses.
Reyes Mena, que actualmente tiene 85 años, fue un coronel que encabezó la Cuarta Brigada de Infantería de El Salvador. Esa unidad, y Reyes Mena en particular, fueron declarados responsables de las muertes de los periodistas por una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, establecida en 1992 como parte del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en El Salvador.
Se calcula que unos 75.000 civiles fueron asesinados en la guerra civil salvadoreña, principalmente a manos de las fuerzas de seguridad del gobierno, el cual contaba con el apoyo de Estados Unidos.
“El asesinato de los periodistas holandeses, que la Comisión de la Verdad de la ONU dijo que fue uno de los crímenes más emblemáticos cometidos durante la guerra civil, demostró la brutalidad con que las fuerzas de seguridad salvadoreñas buscaban sofocar a los medios independientes nacionales e internacionales en El Salvador”, escribieron los abogados en su denuncia.
Kuiper y otros tres periodistas televisivos holandeses —Koos Koster, Hans ter Laag y Joop Willemsen— fueron emboscados cuando intentaban viajar a territorio controlado por la guerrilla izquierdista que combatía a las fuerzas de seguridad salvadoreñas. Según la Comisión de la Verdad, los asesinatos ocurrieron cerca de la base militar El Paraíso, que estaba bajo el mando de Reyes Mena, quien ordenó la emboscada.
La familia de Kuiper y otras personas que han intentado llevar ante la justicia a los asesinos de los periodistas se han visto frustradas durante décadas. Poco después de que la Comisión de la Verdad emitiera su informe, el gobierno salvadoreño aprobó una ley de amnistía que protegió de la acción penal a Reyes Mena y a otros oficiales del ejército.
Pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló la ley de amnistía en 2016 por considerarla inconstitucional. En 2022, un juez ordenó el arresto de Reyes Mena y otros, entre ellos el general José Guillermo García —exministro de Defensa— y el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la ahora extinta Policía del Tesoro, en relación con el asesinato de los periodistas.
Según la demanda, Reyes Mena dejó de viajar a El Salvador cuando se emitieron las órdenes de arresto. La demanda afirma que no hay indicios de que Reyes Mena vaya a ser extraditado, a pesar de que se ha publicado en la Interpol una notificación para su arresto.
La embajada salvadoreña remitió preguntas sobre los intentos para extraditar a Reyes Mena al sistema judicial del país, que dijo que se debe presentar una solicitud formal de información pública. El Departamento de Estado de Estados Unidos refirió las preguntas al Departamento de Justicia, que no respondió.
En la casa de Reyes Mena en Centerville, una mujer que dijo ser su esposa se negó a hacer comentarios el jueves, e indicó que le enviará la solicitud de comentarios de un periodista a su abogado, a quien no identificó.
El Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, un grupo jurídico sin fines de lucro que interpuso la demanda en nombre del hermano de Kuiper, Gert Kuiper, ha presentado varios casos a lo largo de los años contra personas acusadas de crímenes de guerra en el extranjero según leyes estadounidenses, como la Ley de Protección de Víctimas de Tortura.
En 2019, un jurado en el tribunal de Alexandria halló que un hombre del norte de Virginia —que alguna vez fue coronel en el ejército somalí durante el régimen del dictador Siad Barre— era responsable de torturar a un somalí en la década de 1980. También ganó una sentencia en ausencia por 21 millones de dólares contra un exministro de defensa somalí y primer ministro, Mohamed Ali Samantar.
Otros intentos por lograr que funcionarios extranjeros rindan cuentas han fracasado. Este año, un juez en Alexandria desechó una serie de demandas civiles contra un comandante militar libio, Khalifa Hifter, que solía vivir en Virginia y fue acusado de matar a civiles inocentes en la guerra civil de ese país. Las demandas contra Hifter no fueron interpuestas por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas.
