La pandemia, el endurecimiento de las sanciones de EEUU con Donald Trump y fallidas políticas económicas y monetarias han agravado los problemas estructurales de la economía de Cuba desde 2020, al generar escasez, inflación galopante, frecuentes apagones y una oleada migratoria sin precedentes, ha dicho el vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso.
En una entrevista este miércoles con EFE ha señalado que «hay un incremento de situaciones de vulnerabilidad, de desigualdad, eso no hay la menor duda».
En este sentido, reconoce que «se ha deteriorado» el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), un indicador diseñado por la ONU que contempla educación, sanidad, y nivel de vida (no sólo nivel de ingresos), y que es, argumenta Alfonso, el que mejor refleja la situación en Cuba, donde muchos servicios públicos son gratuitos y universales.
No obstante, resta credibilidad a estudios desde el exterior que dibujan una situación catastrófica, como el que asegura que el 88 % de los cubanos vive en la extrema pobreza. «Ideología a parte, se lo digo profesionalmente: así el país no funciona», apostilla.
Alfonso confirma asimismo el deterioro de indicadores de bienestar, sitúa a la isla en este ámbito en una posición intermedia en Latinoamérica, y justifica -por motivos políticos- que la ONEI elabore estadísticas que no se publican, como estimados de migración e indicadores de desigualdad.
Además Cuba retrasará al menos hasta 2025 el censo de población que tenía previsto realizar hace ya dos años por la falta de recursos consecuencia de la grave crisis económica que sufre el país, según dijo.
El retraso de la gran macroencuesta de población que Cuba realiza cada diez años afecta a los datos de que dispone el Gobierno para confeccionar políticas públicas y también sus grandes cuentas. Alfonso alega que se debe a las «agresiones externas» que sufre el país, en relación a las sanciones estadounidenses y también a «los problemas internos».