El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, retó este miércoles a la contralora del país, Marta Acosta, a un debate televisivo sobre la propuesta de referéndum que impulsa el Ejecutivo para introducir reformas a la Contraloría General de la República (CGR).
«Como usted pareciera o quiere dar la apariencia de que sus mentiras son verdad, la desafío públicamente a que tenga un debate público con la ministra de Planificación (Laura Fernández) transmitido por televisión», dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal.
El presidente calificó como «mentiras» los argumentos que el martes dio la contralora Acosta en contra del proyecto de ley de referéndum y la acusó de intentar «cogobernar» desde sus funciones durante los 20 años que ha trabajado en la institución.
El pasado 5 de junio, el presidente Chaves presentó al Congreso un proyecto de referéndum que pretende introducir reformas a la CGR, un ente fiscalizador de rango constitucional del que el mandatario se ha quejado constantemente.
El proyecto de ‘Ley Jaguar’, llamado así en alusión al felino con el que Chaves compara a la economía de Costa Rica, reforma seis artículos de la Ley Orgánica de la CGR y uno de la Ley de Control Interno de esa entidad.
Según el Gobierno, la iniciativa pretende «fortalecer» a la CGR y clarificar sus funciones, mientras que la contralora Acosta aseguró el martes que se trata de un intento de debilitar la institución, «desmantelar» el control sobre los fondos públicos y facilitar las contrataciones «a dedo».
El presidente Chaves ha criticado constantemente a la CGR durante los dos años que lleva en el poder, especialmente por una advertencia sobre el mecanismo que se acordó con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción y posterior arrendamiento en terrenos del Estado de un conjunto de edificios llamado Ciudad Gobierno, valorado en 450 millones de dólares.
La CGR advirtió que ese modelo no está estipulado en la legislación costarricense, por lo cual el proyecto no ha iniciado.
Chaves también ha criticado una advertencia de la CGR hacia un proyecto de asociación pública privada con la que se pretende construir, con inversión privada en terrenos del Estado, una marina en la provincia de Limón (Caribe) con un costo de 850 millones de dólares.
La propuesta de referéndum está en análisis del Congreso que deberá decidir si la aprueba para remitirla al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que es el ente encargado de organizar los procesos electorales y consultas populares.
Paralelo a la vía legislativa, el Gobierno también impulsa el referéndum por la vía ciudadana, la cual consiste en una solicitud presentada al TSE por una persona, allegada al Ejecutivo, para que se convoque al referéndum mediante la recolección de las firmas del 5 % del padrón electoral del país.
