Por unanimidad, los 43 diputados de Costa Rica presentes en el plenario legislativo aprobaron este miércoles, en primer debate, una propuesta para revocar la nacionalidad de los extranjeros naturalizados que tengan condenas firmes por tráfico de drogas y lavado de dinero, tanto en Costa Rica como en el extranjero.
La iniciativa forma parte de los 10 proyectos prioritarios del Congreso destinados a abordar la inseguridad. Se trata de una reforma a los artículos 15 y 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones, con excepciones para refugiados, apátridas y asilados con antecedentes penales anteriores a su categoría migratoria de protección en Costa Rica.
La reforma propuesta al artículo 18 permitiría anular la naturalización de aquellos extranjeros con condenas firmes por tráfico de drogas o lavado de dinero, ya sea en el país o en el extranjero.
También establece que las decisiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la revocación de la carta de naturalización no estarán sujetas a suspensión ejecutoria en vía jurisdiccional por razones de seguridad nacional.
Por su parte, la modificación al artículo 15 establece que quienes hayan sido condenados por delitos graves con penas de prisión superiores a tres años en los últimos diez años, tanto en Costa Rica como en el extranjero, no podrán obtener la nacionalidad.
La misma medida se aplicará a aquellos con procesos judiciales pendientes, siempre y cuando la conducta ilícita esté tipificada como delito en la legislación costarricense y el individuo sea imputable.
En el caso de personas con gestiones de naturalización con procesos judiciales pendientes dentro y fuera de Costa Rica, el texto establece medidas administrativas para suspender el trámite hasta que se emita una sentencia firme y definitiva por parte de los tribunales.
El proyecto fue presentado por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y su compañero de bancada Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN). El segundo debate y definitivo fue programado para el lunes 18 de marzo.
