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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió un fallo este jueves en el que condena al Estado de Nicaragua por la «falta de integridad» en el proceso electoral de 2011, que permitió la reelección del presidente Daniel Ortega. Además, el tribunal criticó el uso abusivo del aparato estatal para asegurar su permanencia en el poder.
La CorteIDH concluye sobre las elecciones de 2011 en Nicaragua
El fallo de la CorteIDH señala que la falta de integridad del proceso electoral de 2011 favoreció la reelección del presidente Ortega. En la sentencia, la Corte aseguró que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y el Consejo Supremo Electoral actuaron con parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo ante las denuncias de irregularidades, como la ilegalidad de la reelección presidencial.
En un acto de notificación telemática del fallo, la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández, destacó que las decisiones tomadas por las autoridades judiciales nicaragüenses buscaban dar una apariencia de legalidad a la reelección de Ortega, a pesar de que la Constitución del país en ese momento prohibía expresamente la reelección presidencial.
EFE/Jeffrey Arguedas
Irregularidades en el proceso electoral de 2011 en Nicaragua
El fallo de la CorteIDH condena al Estado nicaragüense por violar los derechos políticos, las garantías judiciales y la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla, candidato presidencial en las elecciones de 2011. Gadea había denunciado las irregularidades en el proceso electoral, que incluyeron la manipulación de las decisiones judiciales para permitir la reelección de Ortega.
Según la CorteIDH, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral fueron tomadas con el propósito de inscribir a Ortega como candidato y permitir su permanencia en el poder, lo que constituyó un uso abusivo del aparato estatal para favorecer al candidato oficial. Esta sentencia subraya que no se garantizó un proceso electoral justo ni transparente.
La reelección presidencial en Nicaragua: un abuso de poder
El fallo de la CorteIDH también destaca que el uso abusivo del aparato estatal fue crucial para permitir la reelección de Ortega. El tribunal determinó que las autoridades judiciales del país actuaron en contubernio con el gobierno para deslegitimar las quejas de la oposición y dar validez a la reelección, a pesar de las irregularidades en el proceso.
El 2011 no fue el único año en que el gobierno de Ortega se enfrentó a denuncias de fraude electoral, pero esta sentencia marca un punto de inflexión al considerar que los procesos judiciales y electorales no fueron imparciales, y que la reelección fue favorecida mediante maniobras ilegales que alteraron la voluntad del pueblo nicaragüense.
EFE/Jorge Torres
Medidas ordenadas por la CorteIDH para Nicaragua
En su fallo, la CorteIDH ordenó al Estado de Nicaragua adoptar medidas para adaptar su normativa interna a los estándares internacionales establecidos en la sentencia, en línea con una opinión consultiva de la Corte emitida en 2021 sobre la restricción de la reelección presidencial indefinida. La CorteIDH había determinado en esa consulta que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que atenta contra los principios democráticos y la separación de poderes.
Además, el tribunal instó al Estado nicaragüense a garantizar que el Consejo Supremo Electoral opere con imparcialidad e independencia. La Corte también exigió que se establezcan mecanismos adecuados de impugnación para abordar violaciones de la ley electoral, con el fin de proteger los derechos políticos de los ciudadanos y garantizar un proceso electoral transparente y justo en futuras elecciones.
La situación política en Nicaragua: Un contexto de crisis y represión
El fallo de la CorteIDH llega en un momento crítico para Nicaragua, que atraviesa una grave crisis política y social desde las protestas de 2018. En 2021, Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, en unas elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional debido a las detenciones de sus principales rivales políticos y la represión a la oposición.
La CorteIDH había emitido medidas provisionales en 2022 exigiendo al gobierno de Ortega la liberación de más de un centenar de opositores políticos que fueron detenidos arbitrariamente. Sin embargo, el Estado nicaragüense ha mostrado una actitud de desacato ante estas resoluciones, al no cumplir con las medidas dictadas por el tribunal.
Desde 2022, Nicaragua ha sido considerada en desacato por la CorteIDH debido a la falta de respuesta del gobierno ante las medidas provisionales que buscan garantizar la vida y la salud de los opositores encarcelados, conocidos como «presos políticos». De estas 115 personas, algunas han sido liberadas o deportadas, mientras que otras siguen privadas de libertad.
