La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha pedido al Gobierno de Perú explicaciones por el proyecto de ley que está tramitando el Congreso que considera prescrito cualquier delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002, según ha informado la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
La solicitud de medidas provisionales ha sido presentada por APRODEH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paza (Fedepaz), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
«APRODEH, CEJIL, FEDEPAZ, IDL, COMISEDH y la CNDDHH presentaron una solicitud de medidas provisionales a la Corte IDH por los casos Barrios Altos y La Cantuta. La Corte ha requerido al Estado peruano y a la Comisión IDH presentar observaciones antes del 12 de junio de 2024», ha publicado APRODEH en su cuenta en la red social X.
El mensaje viene acompañado de un documento oficial de la Corte IDH en el que se insta al Estado peruano «interrumpir el trámite legislativo de la iniciativa» legal.
«Se solicita al Estado y a la Comisión IDH que, a más tardar el 12 de junio de 2024, presenten sus observaciones a esta solicitud de medidas provisionales», apunta el texto de la Corte IDH.
La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto ha sido ya aprobado en primera votación, aunque es necesaria una segunda votación para su aprobación definitiva.
«De ser aprobada esta norma, se promovería la impunidad en todos los casos que son parte del conflicto armado interno ocurrido en el Perú durante las décadas 1980-2000», denuncian las organizaciones de derechos humanos.
Así se paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori.
Además anularía las penas impuestas en casos como Accomarca, Chumbivilcas, Cabitos 83, Chuschi, Barrios Altos, La Cantuta, Gómez Palomino o Sótanos del SIE, muchos de ellos correspondientes al mandato de Fujimori.
«La decisión del Congreso colisiona con la obligación estatal de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Perú, al pretender beneficiar a los responsables de tales actos», han reprochado las organizaciones.
