Una corte de El Salvador dictó este viernes (18.10.2024) el «sobreseimiento definitivo» de la causa penal contra cinco líderes comunitarios y ambientalistas acusados de asesinar a una mujer en 1989, en el contexto de la guerra civil (1980-1992), aunque activistas habían alertado de posibles irregularidades y la politización del caso.
«Es un sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal por ambos delitos, por asesinato y asociaciones (ilícitas)», dijo a periodistas la abogada defensora Carolina Herrador, tras la lectura del fallo en la localidad de Sensuntepeque, a más de 84 kilómetros de San Salvador.
Herrador precisó que, de los ocho acusados en este juicio, los cinco ambientalistas y otra persona que no pertenece a la comunidad estarán en libertad, con la única obligación de presentarse a firmar al juzgado cada ocho días mientras se declara «en firme» el fallo. «Es sumamente satisfactorio, estábamos seguros de que íbamos a salir exitosos con este caso», subrayó la abogada.
Sobre las otras dos personas que han sido juzgadas en ausencia, y que fueron declaradas en rebeldía, Herrador explicó que ha quedado pendiente el fallo. Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelar la decisión, dado que tiene habilitada la vía para hacerlo ante un tribunal superior.
Imagen: MARVIN RECINOS/AFP
La reconocida comunidad Santa Marta y los señalamientos a sus líderes
Los procesados pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, y que es reconocida por su lucha contra la minería metálica. Durante el juicio, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta atribuyó el proceso penal contra sus líderes a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.
Los ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023. Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho -alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992- y Arturo Serrano Ascencio.
Según la FGR, todos los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
Sobre este proceso, la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) pidió «una resolución justa, ya que no hay suficiente evidencia para seguir criminalizando a estos defensores ambientales». En tanto, a mediados de mayo de 2023, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, dijo que los líderes comunitarios «deben ser liberados».
