La Corte Constitucional de Colombia avaló este miércoles la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que beneficia la protección de los líderes ambientales, acceso a la información y consultas previas para iniciativas que tengan impacto ambiental.
Este acuerdo consolida el marco jurídico para la protección de los derechos ambientales y fortalece la defensa de quienes defienden el medioambiente en el país y con su aprobación pasa a ser ley en Colombia.
«Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia», escribió en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien agregó que «Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida».
La Corte tenía en estudio la constitucionalidad del tratado desde diciembre de 2022 analizando la compatibilidad de Escazú con la Constitución colombiana.
En su decisión la Corte declaró «constitucional el ‘Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe’, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018».
En línea con lo anterior también declaró ‘exequible’, es decir, que procede, la Ley 2273 de 2022.
Ahora que la Corte dio luz verde, Colombia se convierte en el país número 14 en ratificar el acuerdo que originalmente fue firmado por 24 países.
Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la decisión adoptada por la Corte representa un hito fundamental en la historia ambiental de Colombia y refuerza el compromiso del país con la protección de los derechos ambientales y la defensa de los que protegen la naturaleza.
Para la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, la ratificación del Acuerdo es «una victoria de todos. En el año de la naturaleza, en el que somos anfitriones de la COP16, con Escazú hacemos Paz con la Naturaleza».
La COP16 tendrá lugar en Cali (suroeste) del 21 de octubre al 1 de noviembre de este año, evento al que ya confirmaron los presidentes o jefes de Estado de Brasil, Panamá, Honduras, Ghana y Guinea-Bisáu.
Según la ministra Muhamad la entidad avanza en la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del Acuerdo de Escazú, asegurando que «las voces de pueblos, comunidades, organizaciones y defensores del ambiente sean escuchadas y protegidas».
En esa línea, su cartera lanzó el programa ‘Alerta por mi ambiente’, que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en Colombia.
Este programa ya ha implementado 75 proyectos de control ciudadano en diversas ecorregiones, estableciendo un precedente para la creación del Sistema Nacional de Control Social Ambiental.
