La convocatoria a una huelga nacional del transporte público para el próximo jueves, para exigir medidas efectivas de las autoridades contra la inseguridad ciudadana, ha generado incertidumbre en Perú, donde algunos gremios de ese sector señalan que la paralización puede prolongarse durante 72 horas y otros afirman que aún no hay un acuerdo definitivo para cumplir con la medida de protesta.
Al respecto, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, declaró este lunes en el Canal N de televisión que más de 400 empresas del sector acatarán el paro nacional.
«Nosotros ya hemos acordado el paro del 10 de octubre, no hay vuelta que dar, ya es una convocatoria en Lima y Callao, y a nivel nacional», remarcó.
El dirigente dijo que el gremio está «viviendo una violencia desatada» y que esta situación afecta a la ciudadanía en general, por lo que exigió que las autoridades tomen medidas drásticas y que también se derogue una ley dada por el Congreso que, según juristas y expertos, dificulta la lucha contra el crimen organizado.
Campos negó que los gremios estén buscando «algo político» con su protesta y dijo que «están defendiendo el derecho a la vida» porque exigen «seguridad para los 34 millones de peruanos».
Algunos sectores de los transportistas aseguraron que la huelga también se ha convocado para exigir la renuncia de los ministros del Interior, Juan José Santiváñez, y de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes
A pesar de que el dirigente solo se refirió a una paralización nacional durante el jueves, representantes de otros gremios de transportes señalaron a medios locales que la huelga será de 72 horas y que comprenderá también a los autobuses urbanos, camionetas minivan, taxis y vehículos ligeros conocidos como mototaxis.
En medio de esas discrepancias, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) aseguró que los dirigentes no han alcanzado un acuerdo para convocar a la paralización.
Ante esto, el vocero de la Presidencia peruana, Fredy Hinojosa, aseguró este domingo que la convocatoria a una paralización busca «afectar la institucionalidad» del país.
Hinojosa dijo que el Gobierno «reconoce el legítimo derecho de cualquier ciudadano de protestar de manera pacífica», pero no se puede «permitir que se politice y se genere una situación de desestabilidad».
Los transportistas de Lima cumplieron el pasado jueves una primera paralización para exigir seguridad contra la ola de extorsión que sufren, consecuencia de la cual al menos tres personas han sido asesinadas en las últimas semanas.
Tras esa protesta, que contó con gran apoyo ciudadano y de otros gremios empresariales, el Gobierno de Perú declaró en estado de emergencia, por 60 días, a trece de los 43 distritos de Lima y uno en la provincia vecina de Callao.
El Ejecutivo también envió al Congreso un proyecto de ley que tipifica como «delito de terrorismo urbano» el sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal, con penas no menores a 30 años de cárcel, que aún no ha sido debatido por los legisladores.
