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El Congreso de El Salvador aprobó el viernes una nueva ley anticorrupción que, junto con una reforma al Código Penal, establece penas más severas para los delitos relacionados con la corrupción. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del presidente Nayib Bukele para combatir la corrupción en el país. La reforma fue aprobada por una abrumadora mayoría de los diputados, con 59 de los 60 votos posibles, consolidando aún más el control del mandatario sobre la Asamblea Legislativa.
La ley anticorrupción y su impacto en El Salvador
La nueva ley, que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, obliga a los funcionarios públicos y empleados del Estado a presentar, además de su declaración de renta anual, un informe detallado sobre los activos y pasivos de su patrimonio. Este informe debe ser publicado por el Ministerio de Hacienda dentro de los 15 días posteriores a su presentación. La medida incluye a los cónyuges e hijos de los funcionarios, independientemente de si están casados o son pareja en concubinato.
La ley también refuerza las penas para los delitos relacionados con la corrupción. Entre los más destacados se encuentra el peculado, que, si el perjuicio supera los 100.000 dólares, será castigado con penas de entre 12 y 15 años de prisión. De igual forma, las negociaciones ilícitas también recibirán una pena similar, de entre 12 y 15 años.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó que la ley fortalecería las medidas para garantizar la transparencia y la probidad en el gobierno, y enfatizó el endurecimiento de las penas para los responsables de delitos de corrupción. La reforma también incluye nuevas disposiciones relacionadas con el enriquecimiento ilícito, estableciendo que la acción penal puede iniciarse independientemente de que haya una responsabilidad civil previa.
Fotografía de archivo de una sesión del Congreso de El Salvador, que aprobó las reformas exprés a la Constitución del país. EFE/Rodrigo Sura
Reforma del Código Penal y nuevas penas en El Salvador
Además de la ley anticorrupción, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma al Código Penal que establece penas más severas para una serie de delitos. Entre las modificaciones, destaca el aumento de la pena para el delito de homicidio simple, que ahora puede conllevar hasta 35 años de prisión. El homicidio agravado, por su parte, puede ser castigado con hasta 60 años de cárcel. En el caso del robo, la pena puede ser de hasta 20 años, y el robo agravado puede llegar a los 30 años de prisión.
La reforma penal también incluye la creación del nuevo delito de “dilaciones procesales”. Este delito tendrá penas de entre cuatro y ocho años de prisión y se aplicará tanto a autoridades públicas que retrasen un proceso judicial de manera indebida como a cualquier persona involucrada en un proceso judicial que interrumpa de forma negligente el curso ordinario del proceso. Esto incluye conductas como la suspensión de audiencias o la presentación de recursos reiterativos sin fundamento.
Además, se incluye una “excusa absolutoria” para el delito de hurto. Bajo esta nueva disposición, una persona podría ser eximida de la pena si repara integralmente el daño causado, pero esta excusa solo se aplicará una vez para cada persona.
Imagen de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas
El respaldo al presidente Nayib Bukele y la lucha contra la corrupción
El gobierno de Nayib Bukele ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción, especialmente en un contexto en el que las administraciones anteriores fueron acusadas de malversación de fondos y de estar involucradas en redes de corrupción. Bukele ha utilizado su control sobre la Asamblea Legislativa para implementar reformas que refuercen el combate a la corrupción y refuercen la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.
Christian Guevara, jefe de la bancada del partido oficialista Nuevas Ideas, destacó durante el debate legislativo que la persecución penal de los delitos de corrupción no va a prescribir. Añadió que esta ley es un modelo para la región, y que aquellos políticos acusados de corrupción que se han asilado en otros países no podrán escapar de la justicia, ya que la nueva ley asegura que sus delitos “jamás van a prescribir”.
La elección del nuevo presidente de la Corte de Cuentas
Durante la misma sesión, el Congreso de El Salvador eligió a Walter Salvador Sosa Funes como el nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República. Este cargo estaba vacante desde septiembre de 2024, tras la salida de Roxana Soriano, quien fue nombrada magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral.
La Corte de Cuentas de la República es el órgano encargado de supervisar y fiscalizar el uso de los recursos públicos en El Salvador. Con la elección de Sosa Funes, el gobierno de Bukele busca garantizar una mayor transparencia y control en el manejo de los fondos del Estado, lo que complementa los esfuerzos de la nueva ley anticorrupción y las reformas al Código Penal.
