El Congreso de Perú rechazó este viernes «la intromisión» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que requirió al Estado peruano suspender el trámite de un proyecto legislativo que busca precisar la aplicación y el alcance de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y se declaró independiente de ese tribunal.
«El Congreso de la República, con total independencia y autonomía y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes», indicó el Legislativo peruano en un comunicado compartido en la red social X.
Destacó que Perú es un Estado independiente, al igual que el Congreso, y que, por tanto, rechaza «cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones».
El jueves, la CorteIDH pidió en una resolución al Estado peruano que «suspenda inmediatamente» el trámite legislativo del proyecto de una ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana», para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
«Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, de acuerdo al artículo 43 de la Constitución Política del Estado. El Congreso de la República, primer poder del Estado peruano, es igualmente independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden», indicó la institución peruana al añadir que el comunicado es una respuesta del requerimiento de la CorteIDH.
El tribunal internacional explicó en dicha resolución que la suspensión requerida es para contar con «todos los elementos necesarios» para pronunciarse sobre una solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que son dos de los más sonados casos de violaciones a los derechos humanos por los cuales la Justicia peruana condenó el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Estos dos casos también fueron resueltos por la CorteIDH con sendas sentencias contra el Estado.
La CorteIDH también convocó al Estado de Perú, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los representantes de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta a una audiencia pública virtual el próximo 17 de junio para que expongan sus posiciones acerca de una solicitud de medidas provisionales.
El Congreso aprobó el pasado 6 de junio, en una primera votación, el proyecto que impide procesar a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
La iniciativa, promovida por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas, aún debe ser refrendada en una segunda votación antes de ser enviada al Ejecutivo para su promulgación o devolución con observaciones.
Fujimori, líder histórico del fujimorismo, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
