El Congreso de Perú defendió su posición frente a los proyectos de ley que viene aprobando y que han sido criticados en los últimos días por varias instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Fiscalía de Perú. Los cambios impulsados por el parlamento están referidos a reformas en el ámbito del sistema de justicia, los partidos políticos y el sistema electoral.
“El Congreso de la República rechaza contundente y categóricamente el pronunciamiento del Ministerio Público respecto a los proyectos de ley tramitados por la representación nacional. Rechazamos que se pretenda incitar a la población a actuar contra el orden democrático”, se lee en un comunicado publicado este jueves en su cuenta de X, antes Twitter.
El Congreso hace referencia al pronunciamiento emitido el miércoles por la Fiscalía, en su cuenta de X, en el que convoca a la “ciudadanía y a todas las instituciones democráticas a sumarse a la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que se pretende socavar, de aprobarse los proyectos de ley”. La Fiscalía refiere que las reformas impulsadas por el Congreso “colisionan contra el orden constitucional” y “quebrantan la autonomía e independencia institucional que le corresponde al Ministerio Público”.
El mismo miércoles, horas antes del pronunciamiento de la Fiscalía, Human Rights Watch dijo que el Congreso “acelera su arremetida contra el sistema democrático”.
Además, el 7 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los últimos años “ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido siendo ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico”.
El Congreso respondió: “Exigimos respeto a la labor parlamentaria en arreglo al principio de separación de poderes” y recordó que existen “mecanismos constitucionales para impugnar la leyes”, refiriéndose a las normas que impulsa la institución. Así, exhortó al Ministerio Público a “dejar de lado la politización”.
Algunos de los proyectos de ley que impulsa el parlamento ya han sido aprobados, otros están a la espera de las votaciones adicionales requeridas para poder convertirse en ley.
Excluir de responsabilidad penal a los partidos políticos, la creación de una nueva institución que reemplazaría a la Junta Nacional de Justicia —encargada actualmente de nombrar, evaluar, ratificar y sancionar a jueces, fiscales y a los jefes de dos de las tres autoridades electorales—, así como que sea el futuro Senado el encargado de nombrar y remover a parte de las autoridades electorales son algunas de las reformas que impulsa el Congreso peruano y que han sido criticadas.
Sobre la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, la nueva institución que reemplazaría a la actual Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público rechaza lo que asegura constituye un retroceso a “modelos ya superados de intervención política, en la designación de magistrados que integran los organismos que forman parte de la administración de justicia, con grave afectación al principio de independencia que es el pilar fundamental del Estado constitucional de derecho”.
