El Congreso de Guatemala eligió este jueves (03.10.2024) a los nuevos 13 jueces de la Corte Suprema de Justicia, al cierre de un proceso criticado por organizaciones que pusieron en duda la transparencia de la elección y que consideran que el «pulso» lo ganaron «las mafias».
La elección es considerada clave para la cruzada anticorrupción del presidente, Bernardo Arévalo, que denuncia la existencia de un «pacto de corruptos», una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y empresarios.
En ese contexto, el Parlamento -de mayoría opositora- escogió a los 13 magistrados para el periodo 2024-2029 de una lista elaborada por una comisión postuladora integrada por académicos, jueces y abogados. Diputados de la minoritaria bancada oficialista Semilla votaron a favor por nueve de los 13 jueces.
Dicho proceso fue observado con preocupación por la Organización de Estados Americanos (OEA) y ONG internacionales y locales.
Las críticas a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia
Ante esto, la ONG Impunity Watch lamentó en redes sociales que la elección se realizara «sin evaluaciones, sin entrevistas y sin valorar la honorabilidad» de los candidatos.
«Ganaron el pulso las mafias», dijo por su parte, y tras la elección, la directora para Centroamérica de la organización WOLA, Ana Méndez, y afirmó que es un «trago amargo» para Arévalo, quien enfrenta nueve causas judiciales impulsadas por la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.
Pese a las críticas, el presidente del Congreso, Nery Ramos -aliado de Arévalo- aseguró en rueda de prensa que el proceso fue «abierto, transparente y democrático».
Arévalo reaccionó con mesura en la red X (antes Twitter): «El Congreso ha tomado su decisión y escogió a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cada diputado debe asumir la responsabilidad de su voto».
La Corte Suprema de Justicia y Consuelo Porras
Tres magistrados salientes fueron reelegidos, entre ellos dos salpicados por un escándalo, pero no fue escogido el fiscal Dimas Jiménez, hombre de confianza de Porras. La Corte saliente fue criticada por blindar a la fiscal general, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla «corrupta» y «antidemocrática».
Porras abrió polémicas causas contra fiscales, jueces y periodistas que investigaron sonados casos de corrupción bajo el pasado Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024). También, inició pesquisas contra Arévalo y el proceso electoral de 2023, que pusieron en riesgo la transición presidencial en enero de 2024.
Los nuevos magistrados de la Corte Suprema deben asumir sus cargos el 13 de octubre. Antes de esa fecha, el Congreso también deberá elegir a los jueces de medio centenar de salas de apelaciones. A estas salas aspiraban el fiscal Rafael Curruchiche, que dirige las investigaciones contra Arévalo, y el fiscal Gilberto Porres, esposo de Porras, pero fueron excluidos por la comisión postuladora.