El partido oficialista Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele, con el apoyo de formaciones aliadas en la Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobaron este jueves la vigésima sexta ampliación del polémico pero respaldado régimen de excepción, implementado para combatir a las pandillas.
Con 57 votos, la legislatura, que recientemente tomó posesión en el Congreso y de mayoría oficialista con 54 diputados de 60, dio luz verde a la ampliación por un plazo de 30 días más al régimen de excepción, sin análisis ni discusión previa, con vigencia hasta el 9 de junio próximo.
La iniciativa enviada por el Gabinete de Seguridad señala que la medida ha dejado más 79.900 detenciones de personas acusadas por las autoridades de ser pandilleros o colaboradores de las llamadas ‘maras’.
«Existen células remanentes que persiste en la comisión de hechos delincuenciales pretendiendo recuperar su fuerza criminal. Por tanto, sigue siendo un objetivo de seguridad combatir y desarticular la intencionalidad criminal de estos grupos terrorista», indica el decreto como justificación para la nueva ampliación.
El respaldo de la población salvadoreña al régimen de excepción, medida que cumplió dos años de vigencia a finales de marzo pasado, se ha consolidado con el paso del tiempo, empujado en parte por el desconocimiento de las implicaciones a los derechos humanos, según los resultados de una encuesta divulgada recientemente.
Según los datos del estudio realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop), el 79,4 % de los encuestados manifestó que los salvadoreños son protegidos por el régimen de excepción en la actualidad, mientras que esa cifra era del 48 % cuando llevaba 6 meses de vigencia.
También indica que el 87,3 % de la población dijo sentirse más segura con esta medida; cuando llevaba 30 días de implementación era de 76,2 %.
No obstante, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
