El Congreso de Costa Rica aprobó este lunes un informe que concluye que el Gobierno utilizó fondos públicos para publicidad estatal con el fin de favorecer y castigar medios de comunicación, ante lo cual solicitó al Ministerio Público investigar al presidente del país, Rodrigo Chaves, y a dos de sus ministros.
El Congreso aprobó el informe con 30 votos a favor y 13 en contra tras la última jornada de discusión en la que los partidos de oposición denunciaron que el Ejecutivo utilizó fondos de publicidad de forma irregular como «botín político», mientras que los legisladores oficialistas afirmaron que el asunto ha sido un «circo» contra el Gobierno lleno de aseveraciones «falsas».
El informe pide al Ministerio Público «investigar conforme a las potestades que le confiere la ley, los hechos descritos en este amplio informe, con el fin de determinar la constitución de delitos y la apertura de nuevos expedientes y particularmente la injerencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en las contrataciones y sus diferentes aspectos».
También pide investigar al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, a la diputada oficialista Pilar Cisneros y a altos funcionarios del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
El documento concluye que el Gobierno utilizó la agencia de publicidad del estatal Sistema Nacional de Radio y Televisión «con la finalidad de concentrar toda la pauta (publicidad) del Estado y que fuese politizada con el fin de asignarla a medios afines al Gobierno de la República».
Una comisión legislativa investigó los hechos durante 8 meses y su informe final fue discutido y votado este lunes por el Plenario.
Otros puntos del documento aseveran que el Sinart «fue utilizado con un fin estrictamente político por Casa Presidencial» y que la normativa para contratación por demanda empleada por la agencia de publicidad «es un método perverso» para ejercer «control», «dominar la línea editorial de los medios de comunicación» y «asignar los recursos a aquellos medios que no ejerzan una crítica al Ejecutivo».
La investigación también concluyó que no existieron criterios técnicos en el proceso de asignación de los recursos para publicidad estatal a través del Sinart.
Uno de los ejemplos que cita el informe es la estatal Junta de Protección Social, entidad que trasladó la transmisión del programa de televisión La Rueda de la Fortuna, de Canal 7 al Canal 13 del Sinart «por órdenes directas del presidente de la República en contra de los criterios técnicos».
En reiteradas ocasiones el Gobierno ha dicho que el objetivo ha sido «democratizar» el uso de los fondos para publicidad estatal y no concentrarlos en los grandes medios de comunicación.
Sin embargo, los partidos de oposición aseguran que no existen criterios técnicos para tomar esa medida, la cual consideran una forma de premiar o castigar a medios de comunicación.
El informe pide también investigar la contratación de la empresa RMC La Productora, propiedad de Christian Bulgarelli, con 405 mil dólares de fondos no reembolsables del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Bulgarelli redactó, junto con funcionarios de Gobierno, los términos de la licitación y él mismo participó en el concurso y lo ganó, denuncia la investigación legislativa.
