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Condenan en Ecuador a firma japonesa por esclavitud moderna
La Corte Constitucional de Ecuador declaró este jueves (05.12.2024) que la empresa Furukawa, de capital japonés, mantuvo en condiciones de esclavitud a trabajadores y ordenó el pago de 120.000 dólares a cada víctima de la práctica conocida como servidumbre de la gleba.
«Furukawa violó la prohibición de la esclavitud en perjuicio de las y los abacaleros de sus haciendas, anulando su dignidad humana», informó la Corte Constitucional en un comunicado difundido este jueves junto con la sentencia.
Agregó que la firma, subsidiaria de la japonesa FPC Marketing, «mantuvo en sus haciendas una práctica análoga a la esclavitud conocida como servidumbre de la gleba», que consistía en «aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá», una fibra usada en la industria textil.
El fallo, que fue aprobado por cinco de los nueve jueces constitucionales, señala que Furukawa debe pagar a cada víctima 120.000 dólares. Se han identificado 342 personas que vivieron bajo condiciones de esclavitud en campamentos sin luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.
Disculpas públicas a los afectados
La corte también ordenó a Furukawa presentar disculpas públicas a los afectados. Lo mismo deberá hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el plazo de un mes desde la notificación de la sentencia.
El máximo tribunal ecuatoriano consideró también que las instituciones públicas, como los ministerios de Trabajo, Salud, Educación e Inclusión Económica y Social, «omitieron su deber institucional de adoptar medidas de prevención y protección ante la servidumbre de la gleba».
Añadió que las acciones de reparación de estas entidades desde 2018 «han sido insuficientes».
Como parte de la reparación, los jueces pidieron realizar reformas legales dirigidas a evitar la impunidad corporativa, como la ocurrida en las haciendas de Furukawa por más de 60 años.
Parte de la sentencia incluye la prohibición de enajenar bienes inmuebles y acciones en el mercado de Furukawa, cuyas propiedades están principalmente en las provincias costeras de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas.
