Cuatro expolicías de Ecuador fueron condenados este lunes a veintiséis años de cárcel por la desaparición forzada de tres personas en el conocido popularmente como caso ‘Fybeca’, un irregular operativo policial contra presuntos asaltantes de una farmacia de Guayaquil en 2003 que acabó en masacre y por el que ya se dictó anteriormente una condena por ejecuciones extrajudiciales.
La sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrada por los jueces Felipe Córdova, Javier De la Cadena y Julio Inga, impuso a los expolicías Erick S., Mario C., Aurelio Ch. y Marcos V. la máxima pena posible por delito de desaparición forzada y una multa de 368.000 dólares (800 salarios básicos) (unos 335,7 mil euros).
Asimismo, ordenó al Estado ecuatoriano a pedir disculpas públicas por los delitos de lesa humanidad cometidos y a instaurar en la Policía Nacional de Ecuador una unidad especializada en derechos humanos.
El caso, conocido también como caso ‘Las Dolores’, por ser el nombre en común de algunas esposas de las víctimas, ocurrió en noviembre de 2003 cuando al menos ocho personas fueron abatidas en una farmacia de la ciudad costera de Guayaquil, tras una irregular operación policial ejecutada contra presuntos asaltantes.
Asimismo, tres personas fueron declaradas como desaparecidas, aunque un fotógrafo de prensa captó una imagen del momento cuando un agente llevaba a uno de ellos esposado y con el rostro cubierto.
En noviembre de 2014, la sala penal de la CNJ condenó a dieciséis años de prisión a cinco expolicías acusados de perpetrar una «ejecución extrajudicial». En principio, el caso fue clasificado como un «delito en función», aunque luego fue tramitado como un «delito común» en el entorno de graves violaciones a los derechos humanos.
Tras conocer la nueva sentencia por desaparición forzada, María Dolores Guerra, viuda de uno de las tres personas desaparecidas, indicó a periodistas que «hoy brilla una parte de la Justicia al menos». «Pero esa parte brillará más cuando yo encuentre el cuerpo de mi esposo, lo entierre y pueda decir que me siento bien emocionalmente», advirtió.
Guerra recordó que el Estado aún tiene la obligación de buscar y ubicar los restos de su esposo, y -dijo- que la lucha que ha llevado en estos veintiún años «nunca ha sido una sed de venganza, siempre fue una sed de justicia».
«Hoy se ha reconocido que esa lucha que inicié el 19 de noviembre de 2003, siendo una joven de 22 años y corriendo con un niño de 5 años en brazos. Lo que denuncié ese mismo día es la verdad: que lo mataron, que lo desaparecieron y que existen todavía personas vinculadas a este delito que no están, entre ellos el mayor González que lideró el operativo y está prófugo», apostilló.
El abogado de Guerra, Juan Pablo Albán, destacó que faltan aún por sentenciar a otros acusados que se encuentran prófugos, y valoró que el tribunal «determinó que no se trató de un acto azaroso, sino de una acción planificada por la Policía Nacional».
Para ello «infiltraron a este sujeto civil que había sido policía anteriormente para conocer los planes que se habían preparado para un asalto a la farmacia, intervenir y asesinar a las personas que fueron asesinadas y desaparecer a las personas que fueron desaparecidas», recordó.
De su lado, el abogado Iván Durazno, abogado de Marcos Villacrés, uno de los cuatro condenados, manifestó su profunda disconformidad con la sentencia y expresó su confianza en que podrá ser revertida con un recurso de casación o en la Corte Constitucional.
«En casación nos bajamos esta sentencia, porque toda la sociedad ecuatoriana no va a estar de acuerdo en que la Policía Nacional, la sociedad y el Estado tenga que pagar las consecuencias de una banda delincuencial», indicó Durazno, quien calificó el fallo como «rezagos del socialismo y el neoconstitucionalismo, rezagos de una sentencia de derechos humanos entre comillas».
«Por fin tiene que acabarse este tipo de sentencias. No hay principio de legalidad. Se juzga con delitos posteriores a los hechos. Ya fueron juzgados y se dice que el sobreseimiento es aparente. Es real, fueron sobreseídos», concluyó el letrado, para quien la audiencia «más parecía una audiencia de derechos humanos al típico estilo socialista y comunista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
