A sus 22 años, Mayelín Rodríguez Prado recibió la mayor de las condenas con las que el Gobierno cubano castigó a un grupo de 13 personas que se manifestaron en agosto de 2022 en el municipio de Nuevitas, en el centro de la Isla. Prado, quien es madre de una niña pequeña, pagará con 15 años de cárcel por ser quien transmitió las protestas a través de la red social Facebook.
Conocida como La Chamaca, Prado grabó el momento en que la policía cubana golpeaba a tres niñas durante la manifestación y otras escenas represivas contra los participantes de la revuelta. La joven, cuya hija en ese momento tenía menos de un año, fue detenida en su casa tras la protesta e incomunicada en una sede de la Seguridad del Estado.
La sentencia judicial dictada recientemente por el Tribunal Municipal de Camagüey, a la que tuvo acceso el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), detalla que el tribunal acordó sancionar a Prado como “autora de un delito intencional y consumado de propaganda enemiga de carácter continuado” y como “autora de un delito intencional y consumado de sedición”. También anunció sentencias de entre 4 y 14 años a otros 12 participantes de la manifestación por los mismos delitos. Según el Código Penal cubano, la sedición es un “delito contra la seguridad interior del Estado”, y se condena por ello a quien “tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturbe el orden socialista”.
“Mayelín fue quien dio visibilidad a las protestas y a la represión de las autoridades, por eso esta condena como una forma de castigarla”, asegura el abogado cubano Raudiel Peña Barrios, miembro del grupo de asesoría legal Cubalex. El abogado insiste en que el objetivo de estas altas condenas es criminalizar la protesta pacífica y la libertad de expresión. “El mensaje está claro. Cualquier persona que proteste, por muy pacífico que lo haga, en cualquier parte de Cuba, será sancionada. El delito de sedición tiene un contenido muy político, porque la sedición tiene que cometerla alguien que quiere cambiar al régimen político. El mensaje es transmitir que cualquier persona, que incluso no participe en la manifestación pero que la grabe, haga fotos o vídeos, va a ser también sancionada”.
Cansados de la falta de electricidad y otras necesidades básicas, cientos de residentes de Nuevitas salieron hace dos años con cacerolas, las linternas de sus celulares y cláxones a las calles del reparto Pastelillo pidiendo a gritos “libertad”. Dicha manifestación tuvo lugar a solo un año de las protestas masivas del 11 de julio de 2021, que el Gobierno de La Habana disolvió con represión y condenas que dejaron tras las rejas a más de 1.000 personas, algunas pagando con hasta 30 años de prisión.
