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Colombia reactiva órdenes de captura contra el ELN
La Fiscalía General de Colombia anunció la reactivación de las órdenes de captura contra miembros del ELN, luego de que el grupo armado cometiera nuevos delitos, violando las condiciones que habían permitido suspender dichas órdenes. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, emitió una resolución indicando que, debido a estos hechos, las órdenes de captura previamente suspendidas son ahora restablecidas.
Anteriormente, la Fiscalía había levantado las órdenes de captura de 31 integrantes del ELN, incluidos varios líderes de la guerrilla, como ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y ‘Aureliano Carbonell’, con el fin de reactivar las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro en noviembre de 2022.
No obstante, las conversaciones de paz se suspendieron el viernes debido a una ofensiva del ELN en el Catatumbo, en la que atacaron a una disidencia de las FARC. Este ataque dejó más de 80 muertos, incluidos líderes sociales y firmantes de acuerdos de paz, además de generar el desplazamiento de 32,000 personas y numerosos secuestros y confinamientos. En respuesta a esta escalada de violencia, el presidente Petro ordenó congelar las negociaciones.
La decisión de reactivar las órdenes de captura se basó en la «gravedad de los actos criminales» cometidos por el ELN. La Fiscalía destacó que los ataques perpetrados desde el 16 de enero en el Catatumbo, los cuales causaron una grave crisis humanitaria, fueron atribuidos al ELN por uno de sus principales líderes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que, después de seis días de enfrentamientos, el número de desplazados en la región aumentó a 32,000 personas, con la mitad de ellos refugiados en Cúcuta, la capital de Norte de Santander, donde se encuentra el Catatumbo, una zona fronteriza con Venezuela.
Desde el comienzo de la ofensiva del ELN contra las disidencias de las FARC, más de 80 personas han muerto en el Catatumbo, de acuerdo con cifras oficiales de la Gobernación de Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentran al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal solo ha podido recibir 35 cuerpos, ya que muchas zonas rurales siguen siendo inaccesibles debido a la violencia, incluso para las Fuerzas Militares que están enfocadas en brindar ayuda humanitaria y rescatar a víctimas.
Este brote de violencia y la creciente crisis humanitaria ya había sido anticipado por diversas autoridades, incluidas la Defensoría del Pueblo, que el 15 de noviembre alertó sobre los riesgos que los grupos armados ilegales representaban para la población civil.
Como respuesta a la situación, el presidente Petro anunció que declararía el estado de conmoción interior y una emergencia económica en la región afectada, aunque aún no se han expedido los decretos necesarios para implementar estas medidas.
