RADIO EN VIVO
La Corte Constitucional de Colombia emitió una histórica sentencia en la que determinó que la edad mínima para contraer matrimonio en el país será de 18 años cumplidos. Esta medida busca combatir el matrimonio infantil y proteger los derechos de los niños y las niñas. La Corte declaró que dos artículos del Código Civil colombiano eran incompatibles con la Constitución de 1991, por lo que fueron declarados «inexequibles». Este fallo es un paso significativo en la lucha contra las uniones tempranas y la violación de derechos humanos de las menores.
Matrimonio infantil en Colombia: Una práctica nociva
La Corte Constitucional explicó que los matrimonios y uniones maritales de hecho con personas menores de 18 años son contrarios a los principios establecidos en la Constitución. En un comunicado oficial, detalló que las uniones tempranas son una práctica perjudicial para niños y niñas, perpetuando estereotipos de género y normas culturales que deben ser erradicadas.
Este fallo es un avance clave en la lucha por proteger a la infancia de los efectos devastadores del matrimonio infantil en Colombia. La Corte subrayó que estas uniones tempranas no solo violan los derechos humanos fundamentales de las menores, sino que también están arraigadas en sistemas de creencias que fomentan la desigualdad y discriminación por razón de género.
Imagen de archivo una novia en Cali (Colombia). EFE/Christian Escobar Mora
Matrimonio infantil y la Convención Contra la Discriminación de la Mujer
En su fallo, la Corte también hizo hincapié en que los matrimonios entre menores de 18 años, ya sea entre menores o con adultos, violan lo dispuesto en la Convención Contra la Discriminación Contra la Mujer. Esta convención establece normas internacionales para proteger los derechos de las mujeres y las niñas, y Colombia está obligada a adherirse a sus principios.
El alto tribunal no solo declaró las normas del Código Civil inconstitucionales, sino que también hizo un llamado a las autoridades colombianas para que actúen con celeridad en la implementación de políticas públicas para erradicar el matrimonio infantil en el país.
Políticas públicas contra el matrimonio infantil
En su resolución, la Corte Constitucional instó a las autoridades colombianas a diseñar políticas públicas enfocadas en prevenir y erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas. El tribunal enfatizó la necesidad de ofrecer a las niñas y adolescentes alternativas educativas que les permitan tomar decisiones libres y autónomas sobre sus vidas, sin ser sometidas a prácticas que vulneran sus derechos.
Además, ordenó a la Defensoría del Pueblo que identifique las regiones de Colombia con mayores tasas de matrimonio infantil y uniones tempranas. Esto permitirá enfocar las campañas de sensibilización y educación en las áreas más afectadas. Las comunidades campesinas y étnicas, así como el sector académico, deben ser involucrados en estas campañas para promover los derechos de las niñas y adolescentes.
Foto: Pexels
El matrimonio infantil en Colombia: estadísticas y contexto
Según un informe de UNICEF de 2022, Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto a la prevalencia de uniones de niñas y adolescentes antes de los 15 años. Esta cifra refleja una alarmante realidad que afecta a miles de menores en el país. Las niñas indígenas son las más vulnerables, ya que alrededor de un tercio de ellas se casan antes de cumplir la mayoría de edad, a menudo con hombres que duplican o triplican su edad.
El matrimonio infantil tiene consecuencias devastadoras, como embarazos precoces, violencia sexual y una alta tasa de deserción escolar. Las niñas que se casan a una edad temprana enfrentan dificultades extremas para acceder a una educación de calidad, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y perpetúa el ciclo de pobreza en muchas comunidades.
El Senado colombiano y la lucha contra el matrimonio infantil
En noviembre del año pasado, el Senado colombiano aprobó un proyecto de ley que elimina el matrimonio infantil y las uniones tempranas. Esta iniciativa, que fue presentada por novena vez, busca reforzar la protección de los derechos de los niños y adolescentes, especialmente de las niñas, en el país. La ley también establece que las niñas deben tener la oportunidad de formarse y tomar decisiones sobre su futuro de manera libre y autónoma.
