Mientras el presidente Gustavo Petro anunciaba en un mitin el viernes que le había pedido la renuncia a dos miembros de su gabinete, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Corte Suprema de Justicia informaron que investigarían el supuesto sobreprecio en la compra de 40 carrotanques para el Departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, uno de los más pobres del país.
«Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración», advirtió el presidente Petro el viernes al tiempo que anunció una comisión institucional para investigar los hechos.
Los señalados son la ahora exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, y el secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, quienes fueron mencionados en sendas entrevistas concedidas a las revistas Cambio y Semana por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd), como beneficiarios de esa presunta trama.
Tanto Ortiz como Idárraga se pronunciaron en comunicados públicos y se defendieron de las acusaciones. Este lunes Petro solo aceptó la renuncia de Ortiz y dejó en su cargo a Idárraga.
«Enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para defender mi honra y mi buen nombre», afirmó Ortiz en un comunicado.
Por su parte, Andrés Idárraga dijo en su cuenta de X: «El pasado 29 de febrero denuncié pública y penalmente al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntos hechos de corrupción, siendo la primera vez que la Secretaría de Transparencia instaura denuncia penal contra alguien de su propio gobierno. Ante este hecho, los investigados y su defensa responden con falsas acusaciones, mostrando su interés por buscar distractores mediáticos y enlodar mi buen nombre, en lugar de ponerle la cara a la justicia».
Aunque Idárraga no lo mencionó, el exdirector de la Ungrd es Olmedo López, quien también está siendo investigado en este caso. A través de su abogado José Moreno Caballero, Olmedo López manifestó que está dispuesto a colaborar con la fiscalía para esclarecer los hechos.
Pinilla también dijo estar dispuesto a colaborar con la investigación anunciada por la Fiscalía General, que en un comunicado dado a conocer el viernes informó que brindaría todas las garantías legales y de seguridad a quienes decidan colaborar con la Justicia y que llevará esta indagación hasta sus últimas consecuencias para acusar a los presuntos responsables de los hechos.
«Por el momento, está en marcha una indagación a cargo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Se avanza en la verificación de unos hechos, y se recopila el material probatorio y las evidencias suficientes para hacer las valoraciones legales de rigor que permitan establecer el tipo de delito que se podría configurar y quiénes serían los responsables», precisó la Fiscalía en su escrito.
La investigación inicial de los posibles sobrecostos, presunto lavado de activos y falsificación de documentos fue producto de un trabajo de la emisora local W Radio Colombia.
En febrero de este año comenzaron las publicaciones de La W que llevaron a la renuncia de López y Pinilla, ahora protagonistas principales de las acusaciones contra los funcionarios.
Según las declaraciones que han dado los dos presuntos involucrados hay otros actuales integrantes del Gobierno de Gustavo Petro que tendrían responsabilidades penales.
CNN ha solicitado a la defensa de Sneyder Pinilla y Olmedo López una declaración sobre los hechos pero nos han remitido a lo que hasta el momento han declarado en medios locales sus clientes. Sostienen que a partir de esta semana todas las declaraciones se harán ante la Fiscalía General que adelanta las investigaciones.
