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El Gobierno colombiano publicó este viernes un decreto que declara el estado de conmoción interior en varias regiones del noreste del país, específicamente en 16 municipios del departamento de Norte de Santander, debido a la grave crisis de seguridad generada por la ofensiva de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo. La medida fue anunciada cinco días después por el presidente Gustavo Petro y tiene como objetivo abordar los enfrentamientos armados y los desplazamientos forzados masivos que han afectado a la población civil.
La situación de orden público en el Catatumbo y el estado de conmoción interior
El estado de conmoción interior, que se extenderá por 90 días, afectará a 16 municipios de Norte de Santander, incluidos los 11 del Catatumbo, una región históricamente conflictiva por la presencia de grupos armados ilegales. También se incluye a Cúcuta, la capital departamental, y dos municipios del departamento del Cesar que han recibido a miles de desplazados. Según el decreto de 19 páginas, la medida tiene como fin restablecer el orden público en una zona en la que el ELN ha intensificado sus ataques, lo que ha desbordado la capacidad del Estado para hacer frente a la situación con sus recursos ordinarios.
El Gobierno colombiano ha justificado la declaración del estado de conmoción interior debido a una «perturbación extraordinaria del orden público» en el Catatumbo, una región gravemente afectada por enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados y daños a bienes protegidos y al medio ambiente. La violencia derivada de las acciones del ELN ha afectado directamente a los derechos fundamentales de la población civil, generando un clima de inseguridad generalizada.
Un soldado vigila frente a la Alcaldía Municipal de Tibú (Colombia). EFE/Mario Caicedo
Desplazamientos y víctimas mortales como consecuencia del conflicto
El estado de conmoción interior se decretó debido a la creciente gravedad de la situación, que ha dejado un saldo de entre 60 y 80 muertes, aunque las autoridades han recibido 41 cuerpos hasta la fecha. La violencia generada por los enfrentamientos entre el ELN y una disidencia de las FARC también ha provocado el desplazamiento de más de 36.000 personas, de las cuales muchas han huido hacia Venezuela. Entre el 17 y el 19 de enero, se registró un incremento alarmante del desplazamiento forzado, con al menos 700 personas cruzando la frontera hacia el país vecino.
El decreto subraya que además de los desplazamientos forzados, se ha producido el «exilio» de 395 personas de la zona, incluidas 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares. La situación ha sido tan grave que más de 7.000 personas en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto se encuentran confinadas, sin posibilidad de escapar de la violencia desatada en la región.
Medidas excepcionales para restaurar el orden público
El estado de conmoción interior es una medida excepcional contemplada en la Constitución colombiana que permite al presidente tomar decisiones urgentes frente a una grave perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional o la seguridad del Estado. Esta declaración otorga al Gobierno facultades especiales para enfrentar la crisis, con el fin de evitar que la violencia se extienda y afecte a otras áreas del país.
Aunque esta medida ha sido criticada por varios sectores, el Gobierno sostiene que es la única forma de garantizar la seguridad y de proteger a los civiles afectados por el conflicto armado. Con la declaración de conmoción interior, se espera que las autoridades puedan movilizar recursos y ejecutar acciones más efectivas para mitigar los efectos de la violencia y brindar apoyo a la población civil que enfrenta la crisis.
Personas clasifican algunas prendas donadas para los desplazados por la violencia en el Catatumbo, en el estadio General Santander en Cúcuta (Colombia). EFE/Mario Caicedo
El confinamiento y la falta de recursos para evacuar a los civiles
La situación de confinamiento es otra de las preocupaciones centrales del decreto. Más de 7.000 personas continúan atrapadas en las zonas de conflicto, en especial en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto, donde los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias de las FARC han obligado a los civiles a esconderse para evitar ser víctimas de la violencia. El Gobierno ha logrado recuperar y proteger a más de 500 personas amenazadas de muerte, pero aún persisten dificultades para evacuar a otras personas que permanecen en riesgo.
El decreto también señala que el número indeterminado de personas que siguen escondidas en la región no han podido ser evacuadas debido a la falta de medios aéreos suficientes para realizar las evacuaciones. Esta situación ha generado una gran preocupación entre las autoridades locales y la comunidad internacional, que han solicitado mayor apoyo para poder atender a la población afectada.
