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Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC están deteriorando la situación de orden público en el departamento colombiano de Arauca, situado en la frontera con Venezuela. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre las consecuencias de este conflicto armado, que ha afectado gravemente a la población civil en la región.
Enfrentamientos armados en Arauca
La Defensoría del Pueblo detalló que hasta la madrugada del viernes 21 de febrero, en la vereda Alto Cravo, del municipio de Tame, continuaron los enfrentamientos entre la disidencia de alias ‘Iván Mordisco’ y el ELN. Según el organismo, la situación de orden público en Arauca sigue empeorando, lo que ha generado un contexto de violencia y desplazamiento forzado.
Este conflicto ha dejado a los habitantes de 11 veredas de Tame confinados, y los combates han provocado vulneraciones a los derechos humanos de los pobladores, quienes se encuentran atrapados en medio de esta violencia. Además, la Defensoría ha informado que, hasta la fecha, se han reportado cinco civiles desaparecidos en lo que va del año, lo que agrava aún más la crisis.
Fotografía de archivo de soldados realizando un control de seguridad en el departamento colombiano de Arauca. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Desplazamiento forzado y familias en precariedad
La situación ha empeorado para las familias en las zonas afectadas, especialmente en las veredas El Progreso y Normandía, del municipio de Puerto Rondón, donde más de 100 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos. Aunque el desplazamiento aún no ha sido declarado oficialmente como una emergencia, los afectados se encuentran viviendo en condiciones precarias, sin acceso adecuado a servicios básicos.
En el casco urbano de Puerto Rondón, 14 familias se encuentran en un asentamiento informal, enfrentando limitaciones en el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda. La situación de vulnerabilidad es alarmante, y el Gobierno de Colombia, junto con organismos internacionales, se enfrenta a un desafío humanitario cada vez más urgente.
Aumento de homicidios y secuestros en Arauca
La Defensoría también ha registrado un aumento en los actos de violencia en la región. En lo que va de 2025, se han reportado ocho homicidios y ocho secuestros de civiles en Arauca, lo que agrava aún más la situación de inseguridad. El aumento de estos actos de violencia ha generado un clima de miedo y desesperación entre los habitantes de la región.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a las partes involucradas en el conflicto armado. Solicitan la apertura de canales de diálogo que permitan lograr un cese al fuego prolongado, con el fin de devolver la calma y la paz a los habitantes de Arauca. La prioridad, según la institución, debe ser proteger a la población civil y asegurar que se respeten los derechos humanos fundamentales.
Apoyo internacional y respeto a los derechos humanos
La Defensoría también ha instado tanto a la disidencia de las FARC como al ELN a que respeten a la población civil y cumplan con los mínimos establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Este llamado es fundamental, ya que, según la institución, la población no debe ser incluida en los conflictos armados, y deben tomarse medidas para proteger a grupos vulnerables como mujeres, niños, jóvenes, pueblos indígenas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Focos de emergencia humanitaria en Colombia
La crisis en Arauca forma parte de una serie de emergencias humanitarias que están ocurriendo en diversas regiones de Colombia debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo ha documentado al menos 11 focos activos de emergencia humanitaria en Colombia, los cuales afectan de manera desproporcionada a las comunidades campesinas, afrocolombianas, indígenas y a niños y jóvenes.
Entre los grupos armados responsables de la violencia en Arauca y otras regiones están el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras bandas urbanas como los Shottas y los Espartanos, que tienen una fuerte presencia en zonas estratégicas del país, como Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico.
