Cinco personas asesinadas y dos heridas dejó una masacre registrada en un enclave de minería ilegal de la Amazonía ecuatoriana, según informaron este jueves la Policía Nacional y la Fiscalía, a través de sus canales oficiales.
La matanza se registró en la zona de Punino, situada en la amazónica provincia de Orellana, donde se encuentra uno de los sectores donde más se ha expandido la minería ilegal.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la noche del martes y actualmente practica diligencias, entre ellas la autopsia de los cadáveres.
El jefe de la Policía Nacional en la zona, Edison Padilla, señaló al canal de televisión Ecuavisa que los cuerpos presentaban hasta cinco impactos de bala.
De acuerdo a la Policía, el tiroteo se desató por parte de una banda criminal cuando un grupo de mineros ilegales trató de ingresar a la zona maquinaria pesada.
Los atacantes incendiaron en el lugar dos camiones y dejaron abandonado otro en las cercanías, lo que la autoridad policial atribuye a una presunta disputa entre bandas criminales por el control de esta zona y la extracción ilegal de oro.
Entre las bandas que la Policía considera que pueden estar involucradas están Los Choneros y Los Lobos, las dos mayores estructuras criminales que operan actualmente en Ecuador.
La minería ilegal depredó casi 1.500 hectáreas de bosques selváticos en la zona del río Punino desde 2019, uno de los enclaves más afectados por esta actividad de extracción ilícita de oro en Ecuador, según el último reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que realiza alertas de deforestación a través del análisis de imágenes de satélite.
Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, lo que se atribuye al auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la extracción ilegal de minerales.
Desde inicios de año, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
A su vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
