La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este martes a Perú dejar sin efecto o que no otorgue vigencia a un polémico proyecto de ley sobre crímenes de lesa humanidad y de guerra, que abriría la puerta a prescripciones de esos delitos.
“Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”, indica una resolución de medidas provisionales de la CorteIDH.
Perú debe “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”
La CorteIDH explicó que este requerimiento responde a la necesidad de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de los casos Barrios Altos y La Cantuta, los cuales se resolvieron por el tribunal internacional con sendas sentencias contra el Estado.
Ese proyecto pretende impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
Un proyecto que obstruye el acceso a la justicia
Organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que esta iniciativa afectará el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, puntualmente en los casos de La Cantuta y de Barrios Altos.
La CorteIDH también ordenó a Perú que a más tardar el 9 de agosto próximo presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo que le ha ordenado.
En junio pasado la CorteIDH realizó una audiencia sobre este tema en la que escuchó a representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos y a funcionarios del Estado de Perú.
En esa audiencia, los agentes estatales defendieron la legalidad del proyecto de ley y cuestionaron la competencia de la CorteIDH, ya que consideraron que la adopción de medidas provisionales significaría una forma de “callar” al Congreso y que “no legisle”.
Proyecto con el sello del fujimorismo
El proyecto de ley es promovido por el fujimorismo y una bancada conformada por exjefes de las Fuerzas Armadas.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, a raíz de dos matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina en 1991 y 1992, y actualmente, a pesar de haber sido indultado y excarcelado, sigue siendo procesado por otra masacre atribuida al Colina.
El pasado 13 de junio la CorteIDH ordenó a Perú detener el trámite del proyecto hasta que emitiera una resolución respecto al tema.
