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La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, reiteró este viernes que el Gobierno de Chile no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de las investigaciones que apuntan al gobierno de Nicolás Maduro como presunto responsable del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, ocurrido en febrero pasado.
El Gobierno chileno defiende su postura sobre las relaciones con Venezuela
En una rueda de prensa, Tohá explicó que la decisión del Ejecutivo chileno de no cortar relaciones con Venezuela responde a un enfoque pragmático sobre cómo abordar la justicia y las investigaciones en curso. «El gobierno de Chile no está de acuerdo con este método. Creemos que el día que uno corta relaciones, suena muy bien, pero al día siguiente no avanza más la justicia ni se facilitan las investigaciones», afirmó la ministra.
La secretaria de Estado subrayó que romper relaciones diplomáticas no sería beneficioso para Chile, ya que “no se empodera el país para actuar en los organismos internacionales y para exigirle conductas al Estado venezolano”. A pesar de la gravedad de las acusaciones y los vínculos del crimen con autoridades del gobierno de Maduro, Tohá insistió en que es más efectivo mantener las relaciones para poder avanzar en el proceso judicial y diplomático.
Imagen de archivo de la ministra del Interior de Chile, Carolina Toha, en Santiago. EFE/ Elvis González
Fiscalía chilena señala vínculos con el gobierno venezolano en el asesinato de Ojeda
La investigación sobre la muerte de Ronald Ojeda, disidente del chavismo y asilado político en Chile, ha dado un giro importante. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó el jueves que tres testigos clave en el caso señalan directamente a autoridades del gobierno de Venezuela como posibles responsables del asesinato. Según uno de los testimonios, el encargo y el pago para llevar a cabo el crimen habrían provenido de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela.
Este giro en la investigación refuerza la tesis de la Fiscalía chilena, que ha sostenido desde el inicio que el asesinato de Ojeda tuvo un “móvil político”. La implicación de altos funcionarios venezolanos ha generado un mayor énfasis en las relaciones entre Chile y Venezuela, mientras el gobierno de Gabriel Boric se ve presionado por la creciente tensión internacional sobre el caso.
El crimen de Ronald Ojeda y su conexión con el Tren de Aragua
Ronald Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su domicilio en Santiago, y sus restos fueron encontrados diez días después en una zona periférica de la ciudad, enterrados bajo un bloque de cemento. Su asesinato ha conmocionado tanto a la comunidad venezolana en el exilio como a la sociedad chilena, que ha seguido de cerca el desarrollo del caso.
La detención de al menos cuatro personas vinculadas con el grupo “Los Pirata”, una facción de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, ha añadido complejidad al caso. El Tren de Aragua, una poderosa banda criminal originaria de la prisión venezolana de Tocorón, ha extendido sus actividades delictivas a varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Las autoridades chilenas acusan al grupo de estar involucrado en delitos como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.
La relación entre el Tren de Aragua y las autoridades venezolanas ha generado especulaciones sobre los posibles vínculos entre las bandas criminales y el gobierno de Maduro, especialmente en el contexto de las recientes acusaciones en el caso de Ojeda.
El endurecimiento de la postura hacia Venezuela
El gobierno de Gabriel Boric, en particular, ha adoptado una postura cada vez más crítica hacia el régimen de Nicolás Maduro, especialmente después de que se conocieran los detalles de la investigación sobre el asesinato de Ojeda. En los últimos meses, el Ejecutivo chileno ha endurecido sus declaraciones sobre las políticas y prácticas del gobierno venezolano, aunque mantiene la decisión de no romper relaciones diplomáticas.
