La Cámara de Diputados y Diputadas de Chile rechazó este jueves el juicio político a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien el ultraderechista Partido Republicano (PR) buscaba responsabilizar por un «desbande de la delincuencia» en el país.
El documento, que llegó al hemiciclo rechazado en primera instancia por la comisión revisora, consiguió solo 67 votos a favor, en tanto 76 congresistas votaron en contra y seis se abstuvieron.
“Hubo una votación y ganamos jugando limpio, jugando con la verdad. Pero sinceramente aquí no hay satisfacción ni sentimos que haya nada que celebrar. Especialmente porque la batalla que queremos ganar no es esta. Es una batalla que se juega en otra parte. Se juega en las calles y se juega con otras herramientas», dijo a su salida del Congreso la secretaria de Estado.
«Probablemente los chilenos y las chilenas que tienen la seguridad como su primera preocupación hoy no sienten que hayan ganado nada. Quieren que dediquemos nuestra energía a otra cosa. Y hay cosas que podemos hacer y que sí sirven”, subrayó Tohá.
Los republicanos levantaron la acusación constitucional por la gestión de la jefa de Interior en materias de seguridad e inmigración, juicio político que esperaban aprobar en los días previos a las elecciones municipales y de gobernadores, fechadas para el 26 y 27 de octubre.
En definitiva, el libelo acusatorio solo logró convocar el apoyo del ala más conservadora de la derecha, agrupada en Chile Vamos, en particular la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).
Claves para el rechazo definitivo fueron los votos del partido Evopóli, que adelantó su negativa, y el de los partidos de centro Amarillos y Demócratas.
Según diversos medios locales, la intervención a favor de Tohá del exdirector general de Carabineros de Chile Ricardo Yáñez, quien renunció a finales de septiembre a su cargo y está formalmente imputado por la eventual omisión «de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio» durante el contexto del estallido social (2019), marcó un precedente importante.
“Querer acusar a una persona lo encuentro absolutamente injusto. Mi experiencia con el Gobierno no ha sido buena sino que extraordinaria”, señaló el exuniformado en esa instancia, donde repasó la inyección de recursos y equipamiento a la Policía uniformada durante el actual Gobierno.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado durante cinco años.
