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El ministro de Justicia chileno, Jaime Gajardo, ha afirmado que su Gobierno está preparado para tomar todas las acciones legales necesarias contra el régimen de Venezuela si se confirma que el vicepresidente Diosdado Cabello fue responsable del asesinato del disidente Ronald Ojeda. El exmilitar venezolano, quien gozaba de asilo político en Chile, fue encontrado muerto en la comuna de Maipú, en las afueras de Santiago, en lo que se ha vinculado con una conspiración política proveniente desde el régimen de Nicolás Maduro.
El asesinato de Ronald Ojeda: ¿un crimen político en territorio chileno?
La Fiscalía chilena está investigando el asesinato de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano que en 2017 fue arrestado por el régimen de Nicolás Maduro por presunta conspiración contra el gobierno. Sin embargo, en 2023 logró escapar y llegó a Chile, donde fue reconocido como refugiado político. El pasado mes de febrero, su cuerpo fue encontrado en una maleta enterrada bajo una estructura de cemento, lo que ha llevado a las autoridades chilenas a investigar un posible encargo de Diosdado Cabello, vicepresidente de Venezuela, para ejecutar el asesinato.
Jaime Gajardo, ministro de Justicia de Chile, ha calificado el caso como “gravísimo”. Según él, de confirmarse que Cabello estuvo involucrado en el asesinato, esto implicaría la comisión de un “crimen político en territorio chileno” que fue orquestado por una alta autoridad extranjera. Esto llevaría al Gobierno de Chile a emprender acciones legales tanto a nivel nacional como internacional, explorando todas las vías posibles para hacer justicia.
Fotografía del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo. EFE/ J.J. Guillén
Investigación y sospechas de un encargo desde Venezuela
El asesinato de Ojeda está siendo investigado por la Fiscalía chilena, que sospecha que el asesinato fue llevado a cabo por un grupo criminal denominado ‘Los Piratas’, vinculado con el régimen venezolano. Este grupo está acusado de delitos graves, como homicidios, secuestros y extorsión. La Fiscalía considera que el crimen podría haber sido un encargo realizado por Diosdado Cabello, quien tendría intereses políticos en silenciar a un disidente tan influyente como Ojeda.
El ministro Gajardo ha sido prudente al hablar sobre las implicaciones de la investigación, afirmando que aún es necesario que se confirme la autoría del crimen. No obstante, ha respaldado la labor de la Fiscalía chilena, destacando que las investigaciones se están llevando a cabo de manera profesional.
Crisis diplomática entre Chile y Venezuela
Este caso no hace más que profundizar la crisis diplomática entre Chile y Venezuela, que ha ido escalando en los últimos años. Tras las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, en las que el oficialismo de Maduro declaró su victoria, Chile no ha reconocido la legitimidad del mandato de Maduro, mientras que, al mismo tiempo, tampoco ha dado el paso de legitimizar al opositor Edmundo González como presidente electo.
En este contexto, la acusación contra el régimen de Maduro por el asesinato de Ronald Ojeda pondría a Chile en una posición aún más delicada frente a Venezuela. En relación con la situación, Gajardo ha afirmado que el Gobierno chileno no puede reconocer a Maduro como presidente legítimo, pero también ha dejado abierta la posibilidad de explorar “otros caminos” para abordar la crisis política en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab , en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutierrez
Acciones legales internacionales y cooperación judicial
Durante su visita a Madrid, Jaime Gajardo aprovechó para reunirse con su homólogo español, Félix Bolaños, con el fin de estrechar la cooperación internacional en temas de justicia y seguridad. En su entrevista con Europa Press, Gajardo destacó la necesidad de una colaboración más estrecha entre países para enfrentar el crimen organizado, que ha proliferado en América Latina. Específicamente, el ministro chileno mencionó la importancia de cortar los lazos de las bandas criminales, muchas de las cuales operan internacionalmente, utilizando los sistemas penitenciarios como sus centros de operación.
Gajardo también subrayó la relevancia de la cooperación judicial para enfrentar a grupos como el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana que ha extendido su influencia en toda América Latina. En su opinión, el crimen organizado global debe ser combatido mediante un esfuerzo coordinado entre los países afectados.
