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Centroamérica se enfrenta a un nuevo desafío migratorio debido a la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de realizar deportaciones masivas de migrantes indocumentados. Este anuncio tendría un fuerte impacto en los países del Triángulo Norte, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, que históricamente han sido grandes emisores de migrantes hacia Estados Unidos. Estos países dependen en gran medida de las remesas enviadas por su diáspora en territorio estadounidense, lo que hace que la posible repatriación de miles de personas afecte no solo a las familias, sino también a la economía regional.
El plan de deportaciones de Trump es especialmente relevante para Centroamérica, donde la migración irregular hacia EE.UU. ha sido una constante desde hace décadas, impulsada por factores como la pobreza y la violencia. La situación se intensificó en 2018, cuando comenzaron a formarse las caravanas migrantes, un fenómeno que sigue siendo un desafío para la región.
La amenaza de deportaciones masivas y sus implicaciones
Tom Homan, quien fue designado por Trump para implementar su promesa de deportar a los más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en EE.UU., ha afirmado que las deportaciones comenzarán desde el primer día de la nueva administración, que comienza el próximo lunes. Este plan podría tener consecuencias dramáticas para los países de Centroamérica, especialmente por el impacto económico que representaría la expulsión de tantos migrantes.
Este anuncio llega en un contexto donde la administración de Joe Biden, aunque demócrata, también alcanzó un récord de deportaciones en 2024, con 271,484 inmigrantes expulsados. Esta cifra representa la mayor cantidad de deportaciones en una década, superando incluso las cifras registradas durante el mandato de Trump (2017-2021). En el caso de El Salvador, las deportaciones aumentaron un 22,2 %, mientras que en Guatemala el crecimiento fue del 11,5 %. En cambio, las deportaciones hacia Honduras disminuyeron en un 30,1 %.
Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2023 de migrantes caminando mientras se preparan para cruzar la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en la localidad de Los Chiles, al norte de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas
Migración centroamericana: un fenómeno de grandes proporciones
De acuerdo con datos oficiales, aproximadamente 6 millones de personas de Guatemala, El Salvador y Honduras viven en EE.UU., ya sea de manera legal o ilegal. Este dato subraya la magnitud de la migración centroamericana, que ha sido un factor crucial en las economías de estos países. Las remesas familiares enviadas por los migrantes, que representan entre el 20 % y el 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) de estos países, son una fuente fundamental de ingresos. En el caso de Honduras, las remesas representan el 30 % del PIB; en El Salvador, un 24 % y en Guatemala, un 20 %.
Además, la situación se complicaría debido a la presión que representa la repatriación de miles de personas en un contexto de pobreza y falta de oportunidades laborales. Los sistemas educativos y de salud, ya de por sí deficientes, también se verían desbordados por la llegada de migrantes.
Respuesta de los gobiernos de Centroamérica ante la crisis
En respuesta a la amenaza de deportaciones masivas, los gobiernos del Triángulo Norte han comenzado a implementar planes para enfrentar la crisis. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó el Plan Retorno Seguro, que incluye tres fases: protección de los migrantes, retorno digno mediante albergues y la preparación de condiciones para su reintegración. Arévalo subrayó que el gobierno guatemalteco está listo para recibir a los migrantes que regresen al país, considerándolos «héroes anónimos» y planteando que este momento puede representar una oportunidad para mejorar las condiciones del país.
En El Salvador, el gobierno también ha comenzado a buscar soluciones para sus migrantes amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, destacó que están trabajando en soluciones permanentes para los salvadoreños que se encuentran en situación irregular en EE.UU. Además, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha manifestado su rechazo al plan de Trump, indicando que una expulsión masiva de hondureños afectaría gravemente la relación entre ambos países.
Fotografía de archivo del 16 de agosto de 2023 de familias migrantes pasando la noche en un albergue, en la localidad de Los Chiles, al norte de San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas
Tensiones políticas y consecuencias para las relaciones bilaterales
La presidenta Castro también advirtió que Honduras perdería toda justificación para mantener una base militar de EE.UU. si se lleva a cabo el plan de deportaciones. Esta base, que ha estado operando en el país durante más de 40 años, alberga a unos 400 militares estadounidenses y se ha convertido en un símbolo de la relación bilateral entre ambos países. Castro expresó su deseo de que el nuevo gobierno de Trump sea abierto al diálogo y no tome represalias contra los migrantes hondureños, quienes, según la presidenta, han hecho importantes contribuciones a la economía estadounidense.
El plan de deportaciones masivas no solo tendría un impacto directo en las familias migrantes, sino también en las economías de Centroamérica. Según un informe de la organización American Immigration Coalition, este plan podría provocar una caída del PIB anual de los países centroamericanos de entre el 4,2 % y el 6,8 %, lo que se traduce en pérdidas de entre 1,1 y 1,7 billones de dólares anuales.
