El presidente Nayib Bukele aseguró este miércoles (21.08.2021) que el sistema de justicia penal de El Salvador es «el mejor del mundo», en referencia a un proyecto de rehabilitación para «criminales no violentos».
«Solo esperen a ver a estos tipos (presos) reconstruyendo nuestro país y al mismo tiempo reduciendo sus sentencias. Realmente tenemos el mejor sistema de justicia penal del mundo», escribió Bukele en inglés en su cuenta de X (antes Twitter).
El mandatario salvadoreño apuntó el 20 de agosto, también en la red social, que «los pandilleros pasarán toda su vida en prisión, pero los criminales no violentos pueden recibir entrenamiento y saldar su deuda con la sociedad». Indicó, como complemento de un video en el que se ve a prisioneros realizando diversas tareas, que «ya hemos empezado con los primeros 48.000».
Bukele compartió en julio de 2024 que «miles» de prisioneros «no peligrosos, no miembros de pandillas» son capacitados, sin detallar en qué áreas, para «reconstruir» el país.
El presidente de la Dirección de Integración del Gobierno salvadoreño, Alejandro Gutman, defendió en abril en una entrevista con la agencia EFE en Madrid que la reinserción de los pandilleros es posible «en algunos casos», pero «en los que ya tienen una historia muy marcada, es muy difícil» porque «además tienen penas muy largas», mientras que «hay otros que seguramente tuvieron menores participaciones» y sí podrían tener «esa oportunidad de, con el tiempo, ir saliendo» de las prisiones.
«Es importante trabajar con ellos, con los que sí se puede» y el Estado debe «acompañarlos», opinó Gutman, frente a las críticas que organizaciones internacionales hacen a la estrategia de seguridad de Bukele basada en un régimen de excepción contra las también llamadas maras.
Según cifras oficiales, desde marzo de 2022 a 2024, se han registrado más de 90.000 detenciones bajo el régimen de excepción, entre las que se encuentran más de 7.000 personas que han sido puestas en libertad condicional.
Dicho régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le consiguió a Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional. No obstante, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.
