El Gobierno brasileño exigió este martes explicaciones a X sobre su nueva política de privacidad, luego de que la red social anunciara que pretende usar los datos de los clientes para alimentar y entrenar sus programas de inteligencia artificial.
Las explicaciones fueron exigidas por la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), vinculada al Ministerio de Justicia, por posibles violaciones a la Ley General de Protección de Datos de Brasil.
El organismo convocó a un representante de X para que aclare los alcances de la política de privacidad que entrará en vigor a partir del 15 de noviembre, ya que la plataforma notificó a los clientes que las nuevas reglas la autorizan a usar sus datos para el entrenamiento de Grok, su robot de inteligencia artificial.
La red, sin embargo, hasta ahora no ha dado instrucciones sobre cómo los clientes pueden oponerse a esa práctica.
Meta, propietaria de Instagram, Facebook y Whatsapp, fue autorizada recientemente por el Gobierno brasileño a utilizar los datos de los clientes para alimentar sus programas de inteligencia artificial, luego de que se comprometiera a ofrecerle a los usuarios informaciones sobre cómo podían rechazar o autorizar tal práctica.
Como parte del acuerdo, Meta envió un correo electrónico a todos sus clientes informando sobre los cambios en la política de privacidad y las opciones que tenían para negarse a que sus datos sean usados.
El Ministerio de Justicia envió su advertencia a X tan solo dos semanas después de que la Corte Suprema de Brasil levantara la suspensión que impidió el funcionamiento de la plataforma por cerca de mes y medio.
La plataforma estuvo bloqueada entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre por orden del magistrado Alexandre de Moraes, uno de los integrantes del Supremo Tribunal Federal, por las reiteradas negativas de la empresa a obedecer determinaciones judiciales contra perfiles acusados de divulgar mensajes antidemocráticos.
El magistrado es instructor de un proceso en la máxima corte contra «milicias digitales» que utilizan las redes sociales para divulgar falsas informaciones y mensajes antidemocráticos, y que ponen en duda la fiabilidad del sistema electoral brasileño.
Para volver a funcionar en Brasil, X tuvo que bloquear los cuestionados perfiles y pagar multas que sumaban 28,6 millones de reales (5,2 millones de dólares) y que le fueron impuestas por sus desacatos.
