La Policía Federal (PF) de Brasil ha acusado formalmente este viernes al ex ministro de Justicia del país, Anderson Torres, y a otras cinco personas de interferir en el voto de partidarios del actual presidente, Lula da Silva, obstaculizando su acceso a los colegios electorales durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022.
Entre los acusados se encuentra también el ex director general de la Policía Federal de Carreteras (PRF), Silvinei Vasques, ambos del gobierno de Jair Bolsonaro (PL), ambos miembros del equipo de Jair Bolsonaro, así como otros cuatro policías federales adscritos al Ministerio de Justicia, según ha informado el portal brasileño g1.
Según el mismo medio, la Policía Federal ha recabado en su investigación pruebas que confirman que los imputados actuaron para impedir el movimiento de los electores; por ejemplo, mediante bloqueos en las carreteras por parte de la PRF sin que se tomaran medidas al respecto.
Torres, que se encontraba en prisión preventiva por la presunta comisión de actos golpistas durante los incidentes del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo Federal en la capital del país, fue puesto en libertad en mayo al considerar el ministro Alexandre de Moraes que no había motivos para su permanencia en prisión.
Moraes revocó asimismo el pasado jueves la pena de prisión preventiva que pesaba sobre Vasques –detenido hace un año por intentar interferir en la segunda vuelta de las elecciones de 2022 en favor de Bolsonaro– al entender que los argumentos que justificaron su ingreso en prisión no aplican ya al caso.
Estas condenas se enmarcan en el contexto de los incidentes registrados el 8 de enero de 2023, cuando miles de personas descontentas con la derrota en las urnas de Jair Bolsonaro irrumpían violentamente en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, en un ataque sin precedentes en la historia del país, que ahondó en su polarización y puso el foco sobre el papel de unos militares que siempre contaron con presencia mayoritaria en el Gobierno del expresidente brasileño.
Aquel día, en plena desazón de una mitad del país por la vuelta de Luiz Inácio Lula da Silva al Palacio de la Alvorada, decenas de autobuses llegaron a la capital para participar en lo que parecía una manifestación más contra el nuevo Gobierno, unas protestas que habían comenzado dos meses antes con vigilias, encuentros para rezar y campamentos frente a las puertas de los cuarteles del Ejército.
Al cumplirse el primer aniversario de estos hechos, 66 de las cerca de 1.900 personas que fueron detenidas ese día seguían aún en prisión. Solo 30 de ellas habían sido condenadas hasta la fecha, pero únicamente ocho cumplían por ese entonces sentencia. Un año después, el resto esperaba aún a que se resolvieran sus recursos de apelación. Las personas que aguardaban entre rejas sus penas fueron muchas de ellas apresadas en las diferentes etapas de la bautizada como operación ‘Lesa Patria’, que ponía el foco especialmente en quienes habrían financiado e instigado el ataque.
