El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el viernes (30.08.2024) un proyecto de ley para que los tribunales y otros organismos estatales puedan acceder a los testimonios de miles de torturados por la dictadura que fueron recopilados bajo secreto por una comisión extrajudicial.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el mandatario explicó que la iniciativa está encaminada a apoyar la labor de los jueces que buscan determinar el paradero de más de un millar de personas que desaparecieron en poder del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
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«Vamos a ingresar las indicaciones para levantar el secreto impuesto por ley a los documentos, testimonios y antecedentes del informe sobre prisión política y tortura, el informe Valech, permitiendo el acceso por parte de los tribunales de justicia», sostuvo Boric en una ceremonia.
Información no será pública
En ese sentido, enfatizó que la información no se hará pública y que solo estará disponible para los jueces y los organismos estatales involucrados en el plan de búsqueda de desaparecidos que lanzó su gobierno hace justo un año.
La comisión que encabezó el obispo Sergio Valech recopiló las declaraciones detalladas de unos 36.000 torturados por los agentes de Pinochet, quien murió en 2006 a los 91 años sin ser juzgado por sus crímenes.
Sus testimonios quedaron resguardados bajo una reserva de 50 años.
Hace un año el Estado chileno asumió por primera vez la tarea de buscar a los detenidos desaparecidos a través de un programa especial que todavía no arroja resultados.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos de 307 y aún falta encontrar a otros 1.162, según las últimas cifras oficiales.
Familiares piden a militares romper «pacto de silencio”
Los familiares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar pidieron este viernes a las Fuerzas Armadas romper el «pacto de silencio» y colaborar en el Plan Nacional de Búsqueda lanzado el Gobierno.
Durante un acto en el Cementerio General frente al memorial de las víctimas del régimen, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, dijo que «las Fuerzas Armadas son instituciones jerárquicas» y que, por lo tanto, no ejecutaron «acciones individuales», sino que «hubo una planificación que debe ser develada».
«La información está en las Fuerzas Armadas y hay que exigirla, señor presidente. (Hay que) romper ese pacto de silencio que hemos esperado 50 años y avanzar en verdad y justicia», indicó la activista con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El principal escollo para avanzar en esta búsqueda ha sido la nula colaboración de los militares en las causas judiciales y la ausencia de una política estatal.
