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Boluarte acusa a la Fiscalía de Perú de buscar un «golpe de Estado blanco» en el operativo contra un ministro
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se mostró firme en su rechazo este lunes a la diligencia fiscal de allanamiento en la casa y oficinas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, durante una reunión del Ejecutivo. La mandataria acusó a la Fiscalía de estar trabajando en conjunto con un sector de la prensa para llevar a cabo lo que describió como un «golpe de Estado blanco», con el objetivo de desestabilizar al gobierno.
«Desde el gabinete rechazamos totalmente este acoso político contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y nuestra total solidaridad con él y respaldo», expresó Boluarte, destacando que la acusación contra el ministro responde a un proceso de «acoso político permanente» desde que asumió el cargo en el gobierno de Boluarte.
La denuncia de Boluarte sobre la Fiscalía de Perú
Durante su intervención, la presidenta también denunció que la Fiscalía y algunos medios de comunicación están involucrados en lo que ella calificó como una estrategia para dar un golpe de Estado blanco. «La Fiscalía está andando en pared con la prensa para dar un golpe de Estado blanco», afirmó Boluarte, subrayando que estas acusaciones no son nuevas y que Santiváñez, quien enfrenta una investigación por presunto abuso de autoridad, ha sido víctima de un acoso político desde el inicio de su mandato como ministro.
El gobierno de Boluarte ha enfrentado críticas y acusaciones durante su tiempo en el poder, pero la mandataria ha mantenido que su administración está siendo atacada tanto por la Fiscalía como por los medios de comunicación, especialmente el programa dominical Cuarto Poder, que, según ella, no ha cesado de «hostigar» a su familia y a otros miembros del gobierno.
El operativo contra el ministro Santiváñez
El operativo realizado por la Fiscalía de la Nación la madrugada de este lunes causó gran revuelo en Perú. En este sentido, Boluarte calificó la acción como un «golpe de Estado blanco», apuntando a que las investigaciones del Ministerio Público están siendo dirigidas por sectores ajenos al bienestar del país y que solo buscan desestabilizar al gobierno.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mostró también en contra del allanamiento. En declaraciones a la prensa, el ministro rechazó las medidas tomadas por la Fiscalía, calificándolas como «un manotazo de ahogado» y una maniobra orquestada por la fiscal de la nación. Según Santiváñez, la intervención en su domicilio estaba basada en supuestas declaraciones de testigos protegidos y no contaba con pruebas contundentes que lo vincularan a los delitos que se le imputan.
El ministro también agregó que la solicitud de allanamiento respondía a la intención de encontrar «artefactos electrónicos o de comunicación que puedan relacionarse o vincularse con el delito de abuso de autoridad», refiriéndose a las acusaciones que lo vinculan a un intento de desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una unidad de inteligencia policial que ha estado investigando a la presidenta Boluarte y su entorno por presunta corrupción.
La relación con el programa Cuarto Poder y la Fiscalía
El ministro Santiváñez había expresado anteriormente su malestar con el programa Cuarto Poder, especialmente después de una entrevista ofrecida este domingo, en la que cuestionó la veracidad y el tratamiento de los reportajes emitidos por el programa. Según Santiváñez, los reportajes presentaban información incorrecta, lo que llevó al medio de comunicación a acusarlo de llevar a cabo un seguimiento irregular de la emisión. A raíz de esta disputa, la Fiscalía ordenó el allanamiento de su domicilio y oficinas, lo que avivó aún más el conflicto entre el gobierno de Boluarte y los sectores de la prensa que se oponen a su administración.
Investigación por abuso de autoridad y la intervención de la Fiscalía
La investigación contra el ministro Santiváñez, iniciada por las declaraciones del capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo, gira en torno a la acusación de abuso de autoridad. Izquierdo aseguró que Santiváñez estaba intentando desactivar la Diviac, una unidad de inteligencia policial que ha investigado a la presidenta Dina Boluarte y su círculo cercano por presunta corrupción. La Fiscalía ha considerado estas declaraciones como suficientes para abrir una investigación formal y solicitar la medida de allanamiento.
El caso sigue en desarrollo, y los analistas políticos en Perú señalan que la confrontación entre el gobierno de Boluarte y la Fiscalía podría tener implicaciones más amplias para la estabilidad política del país. Mientras tanto, tanto la presidenta como el ministro del Interior han reiterado que están dispuestos a enfrentar cualquier acusación, aunque aseguran que las acciones de la Fiscalía son parte de un plan más grande para socavar su legitimidad.
El impacto del conflicto entre el gobierno y la Fiscalía
Este enfrentamiento entre la presidenta Dina Boluarte y la Fiscalía de la Nación ha generado una creciente división en el país. La acusación de un supuesto «golpe de Estado blanco» es solo una de las muchas tensiones que caracterizan la política peruana en este momento. Mientras algunos sectores apoyan las acciones del gobierno, otros consideran que las investigaciones de la Fiscalía son una parte esencial del proceso democrático para garantizar la transparencia y la justicia.
Este tipo de disputas entre los poderes del Estado no es algo nuevo en la política peruana, pero las recientes acusaciones han añadido una nueva capa de complejidad a la situación política del país. Las protestas y los llamados a la destitución de Boluarte han sido constantes, y muchos observadores internacionales están atentos a cómo se desarrollarán los próximos eventos.
Conclusión y consecuencias para el futuro político de Perú
El caso del ministro Juan José Santiváñez y el enfrentamiento entre la presidenta Dina Boluarte y la Fiscalía de Perú marca un punto crítico en la política del país. Las acusaciones de «golpe de Estado blanco» han captado la atención no solo de los ciudadanos peruanos, sino también de la comunidad internacional, que sigue de cerca la estabilidad política en Perú.
La resolución de este conflicto, así como las investigaciones en curso, podrían tener un impacto duradero en la confianza pública en las instituciones del país y en la relación entre el gobierno y la Fiscalía. En medio de este escenario, la presidenta Boluarte continúa enfrentando un reto significativo para mantener el control sobre su gobierno mientras se enfrenta a diversas acusaciones políticas y judiciales.
