Grupos afines al expresidente de Bolivia Evo Morales han anunciado este miércoles una pausa de 72 horas de los bloqueos que desde hace 24 días vienen obstaculizando varias vías de acceso, principalmente las que conectan Cochabamba con el este y sur del país, en un momento en el que algunas estimaciones elevan las pérdidas a más de 11.700 millones de bolivianos (1.500 millones de euros).
La pausa se produce pese a que «ninguna organización» quiere, han dicho los dirigentes del llamado Estado Mayor del Pueblo, que habría accedido a las demandas de un Morales, que en los últimos días ha propuesto al Gobierno a negociar, a medidas que las fuerzas de seguridad van desbaratando algunos de estos bloqueos.
«Con todo ese dolor nosotros vamos a hacer una pausa, con vigilia, vamos a levantar momentáneamente estos bloqueos. Por humanidad vamos a lanzar esta pausa en el bloqueo nacional de caminos», ha anunciado Humberto Claros, dirigente sindical.
En la víspera, Morales se dirigió a sus acólitos para solicitarles, tal y como hizo el pasado viernes, que aceptaran una tregua momentánea de los bloqueos, a fin de poder establecer una mesa de diálogo con el Gobierno del presidente Luis Arce, al cual han vuelto a calificar en esta ocasión de «fascista y dictatorial».
Las demandas de Morales, que se encuentra en su quinto día de huelga de hambre, vienen en un momento en el que las fuerzas de seguridad bolivianas han logrado deshacer los bloqueos que durante varias semanas han dejado sin suministros de combustible y alimentos frescos varias regiones del país.
Claros ha enfatizado durante su intervención que estas protestas nacieron por el «hambre» y las «necesidades» y reprocha al Gobierno que haya «envenenado al pueblo con mentiras», negando que Evo Morales sea la razón de estas movilizaciones, a pesar de que ha sido parte de sus demandas debido a las varias causas judiciales pendientes que tiene, entre ellas una por abuso de menores y trata de personas.
Asimismo, ha emplazado al Gobierno a utilizar estas 72 horas para resolver los problemas de falta de divisas y combustible, así como para liberar a los más de 70 detenidos que han dejado las protestas. «Sólo es una pausa humanitaria porque los sectores sociales van a seguir saliendo», ha matizado.
EL GOBIERNO SACA MÚSCULO
Entre los últimos arrestados hay trece personas que mantenían retenidas a dos policías en el municipio de Capinota, en Cochabamba, bastión del expresidente Morales y origen de estos bloqueos, de los cuales menos de quince siguen activos.
Este miércoles el Gobierno ha exhibido a estas trece personas apresadas en una rueda de prensa celebrada en La Paz, en la que se ha informado de que han sido acusados de delitos de terrorismo, secuestro, lesiones, intento de asesinato, organización criminal y atentado contra la autoridad.
«En nuestro país no vamos a tolerar a personas que se organicen para secuestrar a policías», ha dicho el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien ha descartado el diálogo con «delincuentes» que «buscan la impunidad».
Del Castillo ha destacado la labor de las fuerzas de seguridad que en tan poco tiempo han «logrado reducir a su mínima expresión los puntos de bloqueo» y ha acusado a Morales de incitar a sus afines a que continúen con estas medidas de presión mientras públicamente afirma querer dialogar.
«Lo único que hace el señor Morales es lavarse las manos, diciendo: ‘yo estoy en una huelga de hambre, no tengo nada que ver’; pero sigue mandando a sus dirigentes a cometer actos delictivos en las carreteras», ha señalado.
El origen de estas protestas radica en las diferencias irreconciliables de quienes una vez fueron aliados políticos. Morales ha cuestionado a Arce casi desde el principio de su mandato, creando una escisión dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), con una parte defendiendo una candidatura del expresidente para las próximas elecciones a pesar de no estar habilitado por la Constitución.
