Con siete millones de hectáreas quemadas en cuatro meses de incendios en Bolivia, el gobierno de Luis Arce declaró desastre nacional con el objetivo de agilizar acciones para combatir el fuego a partir de la movilización de recursos económicos y el arribo de cooperación internacional. En paralelo exigió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe dos de los más de diez créditos externos que están varados en el Congreso en lo que considera un “bloqueo” económico con intereses políticos.
“Esta decisión debe ser acompañada con la voluntad y el compromiso de las y los asambleístas nacionales, a quienes exhortamos a aprobar lo más pronto posible los créditos que tienen paralizados y que deben ser destinados para atender este tipo de emergencias”, escribió el primer mandatario en su cuenta de Facebook.
De los créditos pendientes de aprobación, hay dos que se pretenden destinar para atender la emergencia ambiental. Se trata de un préstamo de 75 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima y otro de 250 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a emergencias por desastres naturales y de salud pública.
El primer crédito está en revisión en la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados y el segundo aún no ha sido tratado.
Según Arce, esos recursos se destinarán para la contratación de más aviones, para la compra de equipamiento y para la adaptación de una aeronave de la Presidencia con el fin de que sea utilizado como ambulancia y otros gastos relacionados a las atenciones de salud, la reconstrucción de viviendas dañadas y la seguridad alimentaria en las zonas afectadas.
“Los recursos están ahí, en la Asamblea Legislativa, por lo que exhortamos a los asambleístas nacionales (….) está en sus manos habilitar estos recursos”, manifestó el presidente.
Ante estas declaraciones, la Cámara de Senadores emitió un comunicado indicando que no hay ningún proyecto de crédito relacionado con los incendios que esté pendiente de tratamiento en esa instancia y que cuando llegue de manera formal “será analizado con la máxima prioridad y responsabilidad, como siempre se ha hecho en temas de interés nacional”.
Fotografía de archivo de un voluntario que trabaja para apagar un incendio forestal en Bolivia. EFE/ Luis Gandarillas
Varios legisladores cuestionaron el reclamo del Gobierno sobre la aprobación de los créditos externos, porque ninguno es específico para la gestión de los incendios y porque consideran que el Ejecutivo condiciona la atención del desastre a ambos proyectos de ley con el objetivo de tener mayor liquidez para su gestión.
“Arce pretende realizar un chantaje político al solicitar que el Legislativo apruebe más créditos y deuda para el país, porque sabe que lo único que puede sostener a su fallido modelo económico es el endeudamiento de Bolivia, no hay ningún crédito en la Asamblea destinado exclusivamente para apagar incendios”, escribió la diputada Maria Renee Álvarez y agregó que el presidente “solo busca dinero para salvar su malograda gestión”.
La aprobación de más de diez créditos ha sido uno de los ejes de tensión entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo en Bolivia en los últimos meses.
En medio de la crisis económica que enfrenta el país, marcada por la escasez de dólares y el desabastecimiento periódico de combustible, el presidente Luis Arce ha demandado a los asambleístas la aprobación de los créditos externos que suman más de 1.000 millones de dólares y están varados desde abril de 2023.
A inicios de septiembre, sectores sociales afines al Gobierno de Luis Arce y funcionarios estatales liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical de Bolivia, marcharon hasta la sede del Legislativo en La Paz y la rodearon para exigir la aprobación de créditos externos, como reclama el Ejecutivo. EFE/ Luis Gandarillas
Los créditos incluyen inversiones públicas en el sector vial, atención de eventos por fenómenos climáticos, la reposición de gastos por la pandemia de Covid-19, entre otros.
Asambleístas de la oposición y del evismo han manifestado que el presidente debe informar primero cómo se usarán los recursos económicos y que no aprobarán créditos para evitar el endeudamiento del país. En varios mensajes al país, el presidente Luis Arce calificó el estancamiento de los proyectos de ley como un “sabotaje” y “bloqueo” con intereses políticos para desgastar la gestión del Gobierno.
