Los 13 magistrados que integrarán la Corte hasta 2029 serán juramentados por el Congreso y luego tomarán posesión de sus cargos en un acto encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, quien afirma que el poder judicial de Guatemala ha estado «secuestrado por las mafias».
Como Arévalo, analistas y activistas denuncian que el llamado «Pacto de Corruptos» -una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios- maneja desde las sombras los hilos del poder e influye en las decisiones judiciales.
Los 13 jueces arrastran cuestionamientos por su labor en el sistema judicial, según medios locales, entre ellos Claudia Paredes y Gustavo Morales, reelegidos en la Corte Suprema.
«Le corresponde a cada uno y a cada una de (las) magistradas y magistrados demostrar (…) el compromiso que tienen con la justicia y con el rescate de las instituciones del país», dijo el mandatario socialdemócrata esta semana.
Arévalo lamentó que una «minoría corrupta» haya influido en la elección de los jueces por parte del Congreso, pero expresó que ellos «tienen la oportunidad» de rescatar «la justicia de las manos de las élites político-criminales».
«Moneda al aire»
El proceso de renovación también alcanzó a las salas de apelaciones, integradas por 156 magistrados, entre ellos varios salpicados por denuncias de corrupción.
«Es un poco una moneda al aire lo que se puede esperar de las nuevas magistraturas», dijo a la AFP el constitucionalista Edgar Ortiz, para quien es una «gran incógnita» el rumbo que escogerán los jueces.
«La esperanza más grande es que se detenga esa tendencia a criminalizar a los rivales políticos de lo que llamamos el ‘Pacto de Corruptos'», agregó.
Desde 2021, la fiscal general, Consuelo Porras, ha abierto causas contra decenas de fiscales, jueces, periodistas y otros críticos del anterior presidente, el derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).
Giammattei extendió hasta 2026 el mandato de Porras, sancionada por «corrupta» y «antidemocrática» por Estados Unidos y la Unión Europea.
Señalada de ser el rostro visible del «Pacto de Corruptos», Porras también abrió polémicas investigaciones contra Arévalo y las elecciones de 2023, las que pusieron en riesgo la transición presidencial en enero pasado.
Ortiz estima que la «actitud» de los nuevos jueces dependerá de la consolidación de la agenda «anticorrupción» de Arévalo.
«Si ellos ven que hay fuerza en ese esfuerzo, quizás algunos puedan inclinarse a una agenda más independiente. Sin embargo, si ven que el presidente es débil y que las fuerzas antidemocráticas desde la fiscalía (…) están triunfando, pues seguramente se moverán hacia ese lado», afirmó.
La líder indígena maya Feliciana Herrera cuestionó la integridad de varios jueces, aunque dijo que espera que cumplan su labor «de manera imparcial».
«Se les puede dar el beneficio de la duda», pero «deben de ponerle fin» a las «persecuciones» de la fiscalía, señaló a la AFP.
Misión de la OEA, preocupada
El proceso de renovación judicial fue observado con preocupación por una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y varias ONG internacionales y locales, principalmente por la poca claridad del criterio usado para evaluar la idoneidad de los aspirantes.
«Hacen falta una serie de reformas profundas al sistema de elección de jueces para asegurar que no se permita la elección» de «personas sin honorabilidad ni mérito», según Rosa Celorio, integrante de la misión de la OEA.
Bajo la gestión de Giammattei, la ONG estadounidense WOLA afirmó que el sistema judicial guatemalteco servía de «brazo represivo» para «asfixiar y estrangular» a los críticos del mandatario y a fiscales y periodistas que denunciaban actos de corrupción.
Sin embargo, el diputado oficialista Samuel Pérez cree que los nuevos jueces pondrán freno a la «criminalización» de quienes luchan contra la corrupción.
«Va a empezar a detenerse esa criminalización por parte del sistema de justicia donde se instrumentalizaba y jugaba con la libertad de la gente», declaró Pérez.
Su colega oficialista Luis Ventura también está optimista, pues «algunos de los peores» candidatos al poder judicial fueron excluidos, como el «fiscal procorrupción Rafael Curruchiche», a cargo de las causas contra Arévalo, y el marido de Porras, el fiscal Gilberto Porres.
