La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, reaccionó este lunes ante un informe de Amnistía Internacional (AI) que cuestionó las medidas del Gobierno de Javier Milei para controlar las manifestaciones. Bullrich acusó a la organización de estar «del lado de los delincuentes» por criticar las políticas implementadas para limitar las protestas, entre las que destaca el Protocolo Antipiquetes, instaurado a finales de 2023.
En sus declaraciones a El Observador, Bullrich calificó el informe de AI como inapropiado, argumentando que la organización no entiende el contexto del país. «Un país que desde hace 25 años tenía piquetes… hemos logrado terminar eso con la mínima violencia», expresó, refiriéndose a las protestas sociales que, según la ministra, habían sido una constante en el país. La ministra subrayó que el gobierno de Milei había logrado reducir estas manifestaciones de forma pacífica.
Informe de Amnistía Internacional sobre la represión de protestas en Argentina
El informe de AI, publicado el mes pasado, detalló que al menos 1.155 personas resultaron heridas en el contexto de lo que la organización calificó como «represión de protestas en 2024». Este informe vincula dicha represión con la implementación del Protocolo Antipiquetes impulsado por la actual ministra de Seguridad.
El protocolo restringió las manifestaciones a las aceras y permitió una mayor intervención de las fuerzas de seguridad durante las protestas. De acuerdo con AI, el uso de la fuerza por parte de las autoridades ha incluido gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, golpes con bastones y detenciones arbitrarias. Para la organización, estas acciones representan un abuso de poder y una criminalización de quienes ejercen su derecho a la protesta.
EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Amnistía Internacional denuncia violaciones de derechos humanos
Amnistía Internacional ha denunciado lo que considera un patrón de «represión y criminalización» hacia las personas que salen a las calles a expresar su disenso. Según la organización, la respuesta estatal ante las manifestaciones ha estado marcada por el uso excesivo de la fuerza y la violación de derechos humanos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la libertad de expresión y la protesta pacífica.
En su informe, AI resalta que muchos de los manifestantes fueron objeto de violencia sin justificación, y que la actuación de las fuerzas de seguridad no estuvo orientada a garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino a sofocar las protestas mediante métodos agresivos.
Patricia Bullrich responde con dureza a las críticas de Amnistía Internacional
Patricia Bullrich no tardó en rechazar las acusaciones de Amnistía Internacional. En su respuesta, la ministra calificó el informe de «fuera de lugar» y «ridículo», y argumentó que AI actúa movida por una «ideología» que, según ella, favorece a los «victimarios» en lugar de centrarse en la seguridad de la ciudadanía. Bullrich destacó que las medidas adoptadas por el gobierno no buscan atacar a quienes ejercen su derecho a la protesta, sino evitar la violencia y el caos en las calles.
«La política de seguridad no tiene que ver con perseguir a los que protestan pacíficamente, sino con enfrentar a los que provocan caos y violencia», añadió la ministra. Además, reiteró que el protocolo implementado ha logrado reducir significativamente las protestas violentas sin causar un alto número de víctimas. En su opinión, las críticas de AI carecen de fundamento y buscan desestabilizar el orden democrático en Argentina.
EFE/ Enrique García Medina
Reacción de Amnistía Internacional ante las críticas de Bullrich
En respuesta a las declaraciones de Patricia Bullrich, Amnistía Internacional publicó un comunicado en sus redes sociales en el que comparó la reacción de la ministra con los intentos de desacreditar sus informes por parte de gobiernos autoritarios, como los de Venezuela y Nicaragua.
AI defendió la objetividad y rigurosidad de sus informes, destacando que su metodología se basa en «una estricta metodología científica» y en una «investigación en terreno». Además, la organización resaltó que sus informes se nutren de «entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública y otras herramientas fundamentales» que permiten garantizar la veracidad de los datos presentados.
«Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo», escribió la organización en su comunicado. «Pero también entendemos que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos», añadieron, haciendo hincapié en la importancia de su labor para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
El Protocolo Antipiquetes y su impacto en las manifestaciones en Argentina
El Protocolo Antipiquetes, instaurado por el gobierno de Javier Milei y respaldado por Patricia Bullrich, se ha convertido en uno de los principales puntos de controversia en el ámbito de las protestas sociales en Argentina. Este protocolo establece que las manifestaciones deben realizarse exclusivamente en las aceras, lo que limita significativamente el espacio público disponible para los manifestantes.
Además, permite una intervención más agresiva de las fuerzas de seguridad, lo que ha generado una creciente preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza en situaciones de protesta pacífica. Los defensores de este protocolo sostienen que es necesario para garantizar el orden público y evitar que las manifestaciones se conviertan en actos de violencia, mientras que sus detractores lo ven como una medida que vulnera derechos fundamentales.