La Cancillería de Argentina instó este viernes (06.09.2024) a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente Nicolás Maduro «y otros cabecillas del régimen», tras los comicios presidenciales en Venezuela.
«Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad, la República Argentina exhorta al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen», informó la Cancillería en un comunicado.
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El Ejecutivo de Javier Milei anticipó además que el 9 de septiembre presentará una nota en la que argumenta que «la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención».
El comunicado de Cancillería recordó además que el pasado 19 de julio Argentina se reincorporó a la denuncia contra Venezuela ante la CPI interpuesta en 2018 por varios países, y de la que se había retirado en 2021, durante el Gobierno de Alberto Fernández.
El anuncio de este viernes llega horas después de que la canciller argentina, Diana Mondino, señalara durante el III Encuentro Regional del Foro Madrid que la situación en Venezuela es «triste» y agregara: «Si existe alguna manera para que podamos ayudar para que haya una solución rápida y pacífica, mejor será».
Tras ser uno de los primeros en denunciar fraude en los comicios venezolanos -que según el Consejo Nacional Electoral dieron el triunfo a Maduro- el Gobierno de Milei reconoció el 7 de agosto al opositor Edmundo González Urrutia como «ganador indiscutido» de las elecciones. Ante esto, el Ejecutivo de Maduro expulsó al personal diplomático argentino de Caracas, una medida que aplicó también con otros seis países latinoamericanos.
