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El ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cúneo Libarona, anunció este viernes que el Gobierno eliminará la figura del feminicidio del Código Penal del país. Según el funcionario, esta decisión responde a una postura firme en favor de la igualdad ante la ley, tal como establece la Constitución Nacional. En sus palabras, “ninguna vida vale más que otra”.
Modificación del Código Penal y el feminicidio en Argentina
El gobierno argentino llevará a cabo una modificación de la Ley 26.791 del Código Penal, que desde 2012 establece la prisión perpetua para aquellos que asesinen a una mujer en el contexto de violencia de género. Esta figura, conocida como feminicidio, fue instaurada durante el mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cúneo Libarona defendió la decisión de su gobierno al argumentar que “el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad”. Según el ministro, la eliminación del feminicidio del Código Penal se basa en el principio de que todos los ciudadanos, sin importar su sexo, deben ser tratados por igual ante la ley. En su opinión, el feminismo ha utilizado la figura del feminicidio para generar divisiones entre hombres y mujeres, además de otorgar privilegios injustificados a las mujeres.
Fotografía de archivo de mujeres protestando el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
El presidente Javier Milei y su postura contra el feminicidio
El anuncio de Cúneo Libarona se da en el contexto de las recientes declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, quien también ha expresado su crítica al concepto de feminicidio. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, el mandatario sostuvo que la figura del feminicidio, al reconocer que la vida de una mujer podría tener un valor mayor que la de un hombre, representa una discriminación hacia el sexo masculino.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, Milei ha implementado varias políticas que han cuestionado las políticas públicas dirigidas a la protección de las mujeres y la igualdad de género. Una de las primeras medidas de su administración fue la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, así como la reducción de la jerarquía de la Línea 144, un servicio clave para la denuncia de violencia machista.
La creciente violencia de género en Argentina
El debate sobre el feminicidio se da en un contexto preocupante de aumento de la violencia de género en Argentina. Según cifras proporcionadas por organizaciones sociales, en 2024 se registraron entre 255 y 294 feminicidios en el país, lo que refleja una grave crisis de violencia hacia las mujeres. Estos datos son recogidos por colectivos como Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), que reportó 255 feminicidios, mientras que otras organizaciones, como el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, elevaron la cifra a 294.
A pesar de las cifras alarmantes, el Gobierno argentino sostiene que las muertes por feminicidio han disminuido un 10% en comparación con el año anterior. Sin embargo, los datos ofrecidos por las organizaciones feministas difieren considerablemente de los reportados por las autoridades.
El presidente de Argentina, Javier Milei, en una fotografía de archivo. EFE/ Franco Trovato Fuoco
Desprotección y falta de denuncias
Una de las conclusiones más preocupantes del informe de Mumalá es que solo el 12% de las mujeres víctimas de feminicidio en 2024 habían denunciado previamente a su agresor, lo que marca un descenso alarmante en las denuncias respecto a años anteriores. Este dato refleja, según los expertos, un sistema de protección ineficaz y la desconfianza de las mujeres hacia las instituciones encargadas de su resguardo.
Además, el informe señala que 604 intentos de feminicidio fueron registrados en 2024, lo que indica la magnitud del problema de violencia de género en el país. Este alto número de intentos de feminicidio demuestra que las mujeres continúan siendo víctimas de violencia en diversos contextos, y que la eliminación del feminicidio del Código Penal podría dificultar aún más el acceso a la justicia para las víctimas.
