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El Gobierno de Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, anunció este miércoles la decisión de prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de cambio de género en menores de 18 años, una medida que modifica la Ley de Identidad de Género aprobada por el Parlamento en 2012. Esta iniciativa ha generado debate y controversia en el país, ya que la legislación actual permite a los menores, con el consentimiento de los padres o una autorización judicial, someterse a estos procesos.
El Gobierno de Argentina modifica la Ley de Identidad de Género
Según explicó el portavoz presidencial Manuel Adorni, la modificación de la ley implica la prohibición de los tratamientos hormonales y las cirugías de cambio de sexo en menores de 18 años. En una breve intervención ante la prensa, Adorni subrayó que estas intervenciones representan un grave riesgo para la salud física y mental de los menores. Argumentó que estos tratamientos pueden interrumpir el proceso de maduración de los niños y, en muchos casos, sus efectos son irreversibles.
Críticas a la ley de cambio de género para menores
La ley de identidad de género vigente en Argentina desde 2012 permite a las personas mayores de edad someterse a tratamientos hormonales y cirugías para adecuar su cuerpo al género con el que se identifican. Sin embargo, la ley también contempla que los menores de 18 años puedan acceder a estos tratamientos, siempre que cuenten con la autorización de sus padres. En caso de que no obtengan este consentimiento, los menores pueden recurrir a un juez para obtener autorización.
El Gobierno argentino justifica su decisión al considerar que los niños y adolescentes no tienen la madurez cognitiva necesaria para tomar decisiones sobre procedimientos irreversibles. Adorni destacó que muchos de estos tratamientos pueden causar efectos negativos como infertilidad, problemas cardiovasculares y consecuencias perjudiciales para la salud mental a largo plazo.
Fotografía de archivo del portavoz de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, en un acto en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
La postura internacional sobre el cambio de género
El portavoz presidencial hizo referencia a países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Estados Unidos, que han reconsiderado sus políticas sobre los tratamientos de cambio de género para menores. Según Adorni, estos países han comenzado a dar marcha atrás en sus políticas de cambio de género, prohibiendo que los menores de edad se sometan a estos procesos debido a las consecuencias irreversibles que pueden acarrear.
El gobierno de Argentina sostiene que esta medida tiene como principal objetivo garantizar el «interés superior del niño» y proteger la integridad física y mental de los menores. Además, la administración de Milei argumenta que los procesos de cambio de género en menores representan un abuso infantil cuando se realizan por coerción o presión psicológica.
Prohibición de traslados de género en las cárceles
El Gobierno de Argentina también decidió prohibir los traslados de prisioneros a cárceles de género contrario a su sexo biológico, una medida que ha sido vista como parte de su lucha contra lo que considera «extremismo de género». Según Adorni, el caso ocurrido el año pasado en Córdoba, donde un hombre condenado por violencia de género logró ser trasladado a una cárcel de mujeres tras autodefinirse como mujer, ha generado la necesidad de modificar esta práctica.
Foto de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
En este incidente, el condenado abusó de otras internas en la cárcel de mujeres. En respuesta, el gobierno decidió que un prisionero no podrá ser trasladado de una prisión masculina a una femenina solo con base en su autopercibida identidad de género. Esta medida se enmarca en la política del gobierno de Milei de eliminar privilegios y garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
El debate sobre la ideología de género
La decisión del Gobierno de Argentina ha generado intensas discusiones a nivel nacional e internacional. El gobierno argumenta que las políticas de cambio de género impuestas a menores son una forma de abuso y que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos de los niños. En cambio, organizaciones pro derechos humanos y activistas transgénero han expresado su preocupación por los derechos de las personas trans y la posibilidad de que esta medida sea una regresión en los avances logrados en la protección de los derechos de la comunidad LGBT+.
