El Gobierno argentino aseguró este lunes que «va a hacer todo lo que la ley indique hacer» en relación con el grupo de ciudadanos brasileños acusados por el intento de golpe de Estado ocurrido el 8 de enero de 2023, que según las autoridades de ese país están prófugos en Argentina, tanto si informa sobre ellos como si solicitan asilo.
La Policía Federal brasileña anunció el pasado viernes que solicitará a Argentina la extradición de los brasileños, en coordinación con los ministerios de Justicia y Exteriores, tras ser analizada por el Tribunal Supremo.
«Por anticipado uno no puede tomar absolutamente ninguna determinación más que apegarnos específicamente a lo que marca la ley» y «las cuestiones internacionales en materia de seguridad», respondió el portavoz presidencial, Manuel Adorni, al ser preguntado hoy sobre este caso durante una conferencia de prensa.
Los brasileños que supuestamente escaparon a Argentina forman parte de un grupo de 208 procesados o condenados por los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia de Brasil, el Parlamento y el Tribunal Supremo perpetrados por miles de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), en un intento de forzar un golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva.
En círculos políticos de la oposición existen dudas sobre el accionar del Gobierno de Javier Milei debido a que el líder libertario mantiene una estrecha relación con el expresidente brasileño y un vínculo distante con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Apoyo de La Libertad Avanza
Además, el pasado 1 de junio, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, participó en un evento en el Parlamento argentino organizado por una diputada de la formación oficialista La Libertad Avanza durante el cual hubo un pronunciamiento a favor de los brasileños «perseguidos» y se dijo que «no son delincuentes».
«Nosotros cumplimos con la ley; si en tal caso en Argentina hay delincuentes en las condiciones que mencionás, se procederá a seguir el camino legal correspondiente», respondió a preguntas de un periodista el vocero presidencial respecto a si Argentina enviará información a Brasil sobre las al menos 48 personas que estarían en el país, de un total de 143 que podrían haber huido de Brasil.
«La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) es la que efectivamente evalúa la legalidad, la factibilidad legal, y efectivamente si eso corresponde o no, y es de manera individual en cada caso», respondió Adorni al ser preguntado sobre si Argentina otorgaría el refugio a los acusados que ya lo solicitaron.
El portavoz presidencial recalcó que se deben dar «determinadas condiciones» que se evaluarán en cada caso.
La Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina es el organismo encargado de otorgar refugio y protección a personas que han sido forzadas a huir de sus países de origen debido a persecución, conflictos armados, violencia generalizada u otras situaciones que comprometen su vida, libertad o seguridad.
La Conare está compuesta por representantes de varias organizaciones no gubernamentales, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y organismos gubernamentales, entre ellos el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Capital Humano.