El Gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, ha anunciado este miércoles la privatización de la empresa estatal ferroviaria Belgrano Cargas por ser «obscenamente deficitaria», ya que el Estado tuvo que aportar 112 millones de dólares (103 millones de euros) para su subsistencia.
«Producto de la Ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A. en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei», ha señalado en una comparecencia el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni.
Por su parte, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, ha detallado que la empresa opera 7.600 kilómetros de vías que pasarán a manos privadas, si bien tanto los rieles como las tierras seguirán siendo propiedad estatal.
«Todas las vías quedarán concesionadas en el sector privado, permitiendo con este modelo triplicar el volumen de carga transportada, ya que se incrementará la cantidad de trenes y sus frecuencias», ha dicho, agregando que «el concesionario tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga» a fin de evitar «conductas monopólicas».
El Gobierno de Milei ha señalado en un comunicado que Belgrano Cargas es una empresa que «posee una planta sobredimensionada de 4.429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones». «Transporta hace 15 años la misma cantidad de toneladas», ha apuntado.
«Su privatización tiene por objetivo eficientizar la competitivdad del transporte ferroviario de cargas, promover la inversión en el sector e introducir la lógica de mercado al sector ferroviario», ha agregado el Ejecutivo argentino.
La medida se produce después de que Adorni anunciase esta semana la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de un nuevo organismo recaudador: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esta iniciativa –«más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática»– supondrá el despido de más de 3.000 trabajadores públicos, recortes salariales y un ahorro anual de 6.400 millones de dólares (5.900 millones de euros), según el diario ‘Clarín’.
