La Universidad de Georgia (UGA) enfrenta una demanda federal por presunta discriminación antimusulmana en su campus tras el genocidio de Israel en Gaza desde octubre. La demanda fue presentada por el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-Georgia) y dos abogadas, en representación de estudiantes individuales y la organización Estudiantes de Georgia por la Justicia en Palestina (SJP). Los demandantes acusan a la UGA de violar el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional, al aplicar de manera discriminatoria sus políticas en el trato hacia los estudiantes palestinos, árabes y musulmanes.
El CAIR sostiene que desde el 7 de octubre de 2023 los estudiantes palestinos y musulmanes han sido víctimas de acoso antipalestino, antiárabe e islamófobo en el campus de la UGA. Además, afirman que la universidad no ha tomado medidas efectivas para detener este acoso ni para proteger a los estudiantes afectados. La demanda detalla que la UGA incluso arrestó a nueve estudiantes que protestaban pacíficamente contra la situación en Gaza y que, además de ser suspendidos, fueron excluidos de sus residencias en el campus.
La denuncia también menciona que varios profesores fueron instruidos para llamar a las autoridades si veían a estudiantes palestinos o musulmanes en el campus, lo que llevó a una mayor discriminación hacia estos grupos. Además, algunos estudiantes fueron excluidos de exámenes y eventos importantes, como sus ceremonias de graduación, lo que ha afectado gravemente su experiencia universitaria.
CAIR también alega que los administradores de la UGA, incluido el presidente Jere Morehead, ignoraron repetidamente las peticiones para dialogar por parte de los estudiantes de SJP y no respondieron a sus preocupaciones sobre la seguridad. Además, la universidad habría exagerado los riesgos de las protestas pacíficas y dirigido una campaña de represión contra estudiantes percibidos como asociados con los palestinos.
Un estudiante demandante declaró haber sido objeto de constantes ataques, amenazas y acoso, tanto en línea como en el campus. También expresó que la universidad no solo no brindó apoyo, sino que utilizó su poder institucional para perfilar y atacar a los estudiantes.
