Parte de una nueva ley que exigiría una fianza en efectivo para más de dos docenas de delitos ha sido temporalmente suspendida.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia emitió una orden de restricción temporal contra la aplicación de una sección de la ley, conocida como SB 63. Esta sección limita a los grupos de fondos de fianzas a ayudar con la fianza de no más de tres personas al año.
Otras partes de la ley entrarán en vigor el 1 de julio, y la orden de restricción es válida por 14 días.
La orden de restricción se da a raóz de una demanda presentada por la ACLU y Barred Business, una organización sin fines de lucro de Atlanta.
«Estamos emocionados por el fallo del juez, que reconoce que esta ley es innecesaria, perjudicial y probablemente inconstitucional. Estamos aliviados por lo que representa para nuestros demandantes. Es inconcebible que personas que realizan trabajo caritativo enfrenten sanciones penales simplemente por ayudar a quienes están en la cárcel debido a su pobreza», comentó Cory Isaacson, director legal de la ACLU de Georgia.
El gobernador Brian Kemp, quien firmó la ley en abril, es uno de los nombrados en la demanda.
