A dos meses del incendio en la planta química BioLab en Conyers, que desencadenó órdenes de confinamiento y un peligroso humo tóxico, la comunidad ha unido fuerzas con otras ciudades afectadas por desastres químicos. Este martes, activistas del condado de Rockdale anunciaron que la región se ha unido a la Coalición de Comunidades Impactadas Químicamente, un grupo que representa a 35 ciudades en todo el país con experiencias similares.
Coalición contra desastres químicos: la unión hace la fuerza
La coalición fue fundada por Jami Wallace, quien también lidera el Consejo de Unidad para el Descarrilamiento de Trenes en East Palestine, Ohio. En 2023, un tren de Norfolk Southern —con sede en Atlanta— se descarriló en esa ciudad, liberando sustancias químicas peligrosas. Wallace señaló: «No es cuestión de si volverá a ocurrir, sino de cuándo, a menos que hagamos cambios». Este movimiento busca unir voces de comunidades afectadas para presionar por regulaciones más estrictas.
(Atlanta News First)
Desde el incendio, residentes y activistas han pedido el cierre definitivo de BioLab. Según Iffat Walker, directora ejecutiva del grupo Community Action NOW, el condado tiene la autoridad para revocar la licencia comercial de BioLab bajo la ordenanza 22-39, que permite tal acción cuando la salud y la seguridad pública están en riesgo. Además, registros de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) muestran que BioLab ha recibido múltiples multas en la última década por fallos en entrenamiento de seguridad.
Walker subrayó: “No pedimos implementar algo nuevo, solo que cumplan con lo que ya es su responsabilidad”.
Impacto en la salud y el medio ambiente
La gravedad de la situación quedó en evidencia con testimonios de más de 150 personas que han reportado problemas de salud tras el incendio, incluyendo dificultades respiratorias, enfermedades persistentes y descamación de la piel, según Paul Glaze de Georgia Conservation Voters. En respuesta, los activistas trabajan para garantizar pruebas médicas independientes y continuas para los residentes afectados.
El incendio del 29 de septiembre no solo dañó la planta, sino que liberó químicos reactivos, como cloro, al aire. Residentes informaron haber encontrado escombros negros en sus propiedades, y las autoridades emitieron múltiples órdenes de confinamiento. Aunque en octubre se declaró que los químicos habían sido retirados por completo, los riesgos persisten.
Foto: Bill Cross
Acciones legales y la reapertura de BioLab
A pesar del rechazo público, BioLab reanudó parcialmente operaciones en noviembre. Sin embargo, el condado de Rockdale interpuso una demanda federal contra la empresa y su matriz, buscando cerrar la planta de forma permanente. En un informe federal, la Junta de Investigación de Seguridad Química calificó el incidente como «completamente inaceptable».
Steve Owens, presidente de la Junta, enfatizó: “Las instalaciones con químicos reactivos deben manejar estos materiales de manera segura, ya que los incidentes pueden tener impactos graves en la seguridad pública y el medio ambiente”.
(Atlanta News First)
Presión para cambios regulatorios
El caso de BioLab ha servido como un catalizador para movilizar a comunidades y líderes en todo Estados Unidos. La Coalición de Comunidades Impactadas Químicamente tiene como objetivo exigir cambios regulatorios que garanticen mayor seguridad y supervisión en plantas que manejan materiales peligrosos.
