A poco más de un mes para las elecciones, el Partido Republicano del condado de DeKalb ha presentado una demanda con la intención de anular los registros de más de 5.000 votantes, lo que ha generado la intervención de grupos de derechos civiles. El liderazgo republicano, encabezado por Marci McCarthy, está instando a los votantes a revisar sus registros antes de la fecha límite para hacer cambios, que es el próximo lunes.
Según McCarthy, los 5.215 votantes enfrentan acusaciones de que ya no residen en el área, han votado en otras jurisdicciones o no han tenido contacto con la oficina del Secretario de Estado. Ella argumenta que estos registros deben ser investigados para garantizar que solo los votantes «legales» puedan participar en las elecciones.
McCarthy insiste en que la demanda busca proteger los derechos de todos los votantes, independientemente de su afiliación política, asegurando que sus votos sean contados y no se vean afectados por registros fraudulentos. Este desafío legal es parte de una serie de esfuerzos similares impulsados por grupos conservadores en todo el estado de Georgia para cambiar el sistema electoral.
En respuesta, varios grupos de derechos civiles, como la NAACP de Georgia, el New Georgia Project y otros, han presentado una moción para intervenir en el caso. Estos grupos argumentan que la purga de votantes tan cercana a las elecciones está prohibida por la ley federal y podría afectar desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas, quienes, según ellos, ya enfrentan barreras adicionales para votar.
Los grupos defensores de los derechos civiles están representados por varias organizaciones legales importantes, incluidas el Advancement Project y el Southern Poverty Law Center.
