El senador Jon Ossoff y líderes de derechos civiles en el área metropolitana de Atlanta han explicado el impacto de una nueva legislación destinada a hacer que las prisiones federales mejoren su rendición de cuentas. La Ley de Supervisión de Prisiones Federales, firmada por el presidente Joe Biden recientemente, exige inspecciones rutinarias y aleatorias de todas las instalaciones del Departamento de Justicia, con la obligación de hacer públicas las inspecciones y responder a ellas en 60 días.
La ley también establece una línea directa confidencial para quejas de reclusos, sus familias, abogados y oficiales correccionales, evitando la necesidad de seguir la cadena de mando. El inspector general del Departamento de Justicia será responsable de hacer cumplir estas reformas.
Un hombre de Bremen que pasó más de 25 años en una prisión federal describió las malas condiciones que enfrentan los reclusos, mencionando la falta de aire acondicionado y comida de mala calidad. Espera que la nueva legislación marque una diferencia real, especialmente si los investigadores hablan con los reclusos durante las inspecciones.
Ossoff mencionó que su investigación reveló abusos de derechos humanos en las prisiones federales, incluyendo condiciones deplorables en la Penitenciaría Federal de Atlanta. Si bien no se especificó la frecuencia exacta de las inspecciones, las instalaciones se clasificarán según su nivel de riesgo, y aquellas con alto riesgo serán inspeccionadas con mayor frecuencia.