“Si no podamos el pasto, nos pegan una multa; si hay un auto que duerme encima del pasto, nos pegan una multa; si uno no limpia su casa, le pegan una multa”, lamenta José Gregorio Rojas, un inmigrante venezolano residente de Doraville. En este suburbio al norte de Atlanta (Georgia) con aproximadamente 11,000 habitantes, al menos el 45% de los residentes son latinos y 41% son inmigrantes según datos del Censo. Muchos se quejan de que los inspectores de la ciudad les castigan en exceso con onerosas multas por infracciones menores.
El código de ordenanzas de Doraville prohíbe tener muebles que no sean de jardín en el patio; apilar más de cuatro brazadas de leña; dejar la segadora de pasto fuera del garaje; o no cortar las malas hierbas del jardín. Prohíbe poner las decoraciones navideñas en noviembre y mantenerlas puestas después del 25 de diciembre; tener las vallas mal pintadas; o no mostrar el número de la vivienda en el exterior. Las multas pueden llegar a 1,000 dólares e incluso pena de cárcel. Los multados además pueden enfrentar una serie de problemas jurídicos dado que en Georgia, quienes no pagan a tiempo sus infracciones son acusados de un delito menor y puestos bajo un tipo de libertad condicional que conlleva costos adicionales.
Muchos inmigrantes en la comunidad aseguran haber sido particularmente afectados por una ordenanza implementada en 2021 que prohíbe estacionar vehículos con un peso superior a 6,000 libras en calles residenciales. La norma afecta especialmente a quienes tienen camionetas para trasladar su equipamiento de jardinería o construcción, dos de las principales ocupaciones de la comunidad latina en la ciudad.
En Doraville “la mayoría se dedican a la construcción”, explica otra residente, María Castillo. “Al no poder tener un vehículo de construcción pues qué decisión puede tomar uno más que irte”, agrega esta inmigrante mexicana, que lleva más de tres décadas viviendo en la ciudad y dice conocer al menos a siete familias que se fueron de Doraville por esta situación.
Tras la implementación de la ordenanza 20-40, José Reyes, un trabajador de la construcción, no puede estacionar frente a su casa la van que utiliza a diario. “Es en la que siempre salía a trabajar y me decían que tenía que rentar un lugar donde parquearla pero pues aquí es mi casa” lamentó, asegurando que anteriormente saldó una multa de aproximadamente 1,000 dólares por tener allí un vehículo comercial, que constituye una violación a otro código de la ciudad. Afirma que ahora paga 200 dólares al mes de estacionamiento por ese vehículo.
En el censo de 1990 los latinos sumaban algo más del 9% de la población; diez años más tarde superaban el 43%, una marea impulsada en parte por las obras de las instalaciones olímpicas de Atlanta 1996. Georgia fue el estado donde más rápido creció la población latina en esos años, según el Southern Poverty Law Center, que en 2004 reportó cómo también estaba aumentando el odio racista y xenófobo (la mayoría de los recién llegados eran inmigrantes).
Veinte años después, la Legislatura estatal ocupa titulares nacionales por su proyecto de ley para facilitar el arresto de migrantes indocumentados, pero esas tensiones también afectan a la comunidad hispana en otros niveles. La ley se aprobó en marzo y requiere a las agencias locales de la ley que comprueben el estado migratorio de las personas bajo su custodia y que cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para su deportación.
Durante el debate de la ordenanza 2020-40, que limitó el peso de los autos que podían aparcar en calles residenciales, “de las personas que comentaron que estaban a favor la mayoría eran blancas”, asegura Geovani Serrano, de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia.
Los residentes que apoyaban la medida argumentaron ante el Consejo Municipal que las camionetas de los trabajadores dañaban la imagen de las zonas residenciales y disminuían el valor de sus casas para futuros compradores. “No creo que esto vaya a crear una situación donde la gente tenga que pagar por estacionar sus camionetas o tengan que encontrar otro lugar para vivir”, dijo la concejal Stephe Koontz durante el debate de la ordenanza.
Tres años después, sin embargo, residentes hispanos aseguran lo contrario. Dicen que algunos han tenido que vender sus vans o cambiar de profesión, pagar por estacionamiento, e incluso, abandonar la ciudad. María Castillo afirma: “Mi hermana y mi cuñado vivieron aquí […] y decidieron mejor irse porque también era el mismo problema con los carros y con las vanes”.
La ordenanza aprobada en 2020 se sumaba a otras ya existentes que habían causado también rechazo ciudadano. En 2018, dos residentes y dos personas que conducen a diario por Doraville demandaron a la ciudad alegando que usaban esas normas para emitir infracciones excesivamente y así “generar ingresos”. Denunciaban que entre el 34% y el 17% del presupuesto de la ciudad provenía de multas. Un juez federal desestimó la demanda a finales de 2020 por falta de evidencia de un conflicto de interés, pero admitió que la proporción de dinero recaudado con sanciones (la mayoría, de tránsito) era inusitadamente alto.
“Trampa de multas”: la fama de Doraville
Múltiples titulares a lo largo de los años dieron a Doraville la reputación de ser una trampa de multas, como un artículo de The Atlanta Journal-Constitution que colocaba en 2014 a Doraville como la ciudad número uno en obtener ingresos con la mayor tasa de multas per cápita en la región de Atlanta. Expertos la consideraban una municipalidad representativa de una problemática estatal: mientras que a nivel nacional los gobiernos locales obtienen un promedio del 2% de sus ingresos mediante multas, en Georgia más de 300 localidades superan el 10%, cruzando el umbral de lo que se considera abusivo, de acuerdo con un reporte del Georgia Budget and Policy Institute sobre cómo el sistema jurídico en el estado y la emisión de multas empeora las desigualdades raciales.
Estos recursos financian al departamento de policía local, la corte municipal y otros servicios, por lo que el autor del reporte, Ray Khalfani, considera que los gobiernos locales no deben depender de estas multas pues se “crea un incentivo perverso” para la policía y los jueces municipales. “Es como un impuesto adicional pero enfocado en las personas que no pueden pagarlo”, explicó a Noticias Telemundo David Schaefer, vicepresidente del Georgia Budget and Policy Institute, argumentando que este marco jurídico estatal criminaliza la pobreza.
La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos reportó con datos de 2012 que Doraville era la ciudad número 6 a nivel nacional en obtener ingresos con multas, un 20.6% en ese entonces. Una década más tarde, el escrutinio público logró un cambio drástico: En su reporte de ingresos más reciente, la ciudad recaudó un 6.2% de sus ingresos con multas durante el año fiscal 2022, equivalente a 1 millón 355,000 dólares. Es una porción de su presupuesto por debajo del 10% considerado excesivo pero aún por encima del promedio nacional.
Este progreso se debió en gran parte a que en 2020, tras la demanda contra la ciudad y la continua cobertura mediática sobre la excesiva expedición de multas, los votantes eligieron un nuevo alcalde y nuevos concejales, que a su vez, nombraron un nuevo juez, administrador municipal y jefe de policía.
Hispanos perciben que son más vigilados y multados que otros residentes
Napoleón Ramírez, que lleva más de 13 años viviendo en la ciudad, recuerda cómo solía sentir que los policías estaban constantemente buscando a conductores latinos a los que multar por infracciones de tránsito. “Hace cuatro o cinco años estaba muy dura la situación aquí”, relata, “nos atacaban como hispanos”. María Castillo, que es vecina de Ramírez, piensa que los retenes policiales que ponían en el barrio eran para agarrar a trabajadores que venían de sus empleos por su ubicación y horarios.
Ramírez cree que la situación ahora ha mejorado, pero aún así lamenta por ejemplo la advertencia de multa que recibió por renovar el porche de su casa. Dice que solicitó permiso del ayuntamiento y le aseguraron que enviarían a un inspector, pero afirma que su porche estaba en tan malas condiciones que era ya un peligro para su hijo de 7 años. Tras meses de espera decidió hacer la renovación sin el permiso. “Hasta ahorita, después de 3-4 meses, cayeron y me pusieron ese”, dijo señalando la advertencia pegada sobre la fachada de su casa.
Por su parte, María siente que las autoridades locales siguen siendo más punitivas con los hispanos que con otros residentes. Hace unos años recibió una advertencia de multa por tener dentro de su propiedad la van del negocio familiar en que habían invertido sus ahorros. Ella y su esposo construyeron una barda para que el vehículo comercial no fuera visible desde el exterior y no causara molestias a otros vecinos ni problemas con la ciudad. “Nosotros luchamos y tratamos para que nos dejaran el carro […] mi esposo no tiene otro transporte para trabajar, de ahí nosotros sobrevivimos de ese carro”, explicó. Sin embargo, no lograron convencerles. Pagaron por un estacionamiento, pero la primera vez que lo dejaron ahí, lo encontraron vandalizado. Optaron por venderlo lo más rápido posible, a menor precio de lo que pagaron, porque la advertencia les daba solamente dos semanas para resolver el problema.
Han pasado unos años pero esa misma impotencia resurgió con las recientes restricciones de estacionamiento, que asegura dañaron a muchas familias hispanas. La discusión sobre la ordenanza en 2020 le recordó también la hostilidad que ha sentido de otros residentes blancos, como una vecina que dice falleció hace unos años: “ella nos lo llegó a decir en la cara de nosotros, que nosotros éramos sucios, destructivos”, afirmó.
“La perspectiva pública de una comunidad influye en las ordenanzas y las ordenanzas influyen en la perspectiva del público”, explica David Schaefer. “No es solamente la ordenanza, la regla misma ni como se aplica, es el comentario alrededor de la ordenanza de: ¿Por qué tenemos que tener la ordenanza? Porque las personas que están aquí, no deben estar aquí”.
La batalla por la representación y visibilización de la población hispana
Defensores de inmigrantes y miembros de la comunidad se opusieron a la ordenanza 20-40 participando en las discusiones del Consejo Municipal. Tres años después de su implementación, activistas de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia volvieron a hablar con residentes de Doraville para averiguar cómo esta norma les había afectado. Intentaron en varias ocasiones transmitir a sus representantes locales las preocupaciones de los hispanos en el área, pero por la cancelación de juntas de los concejales en 2023, no tuvieron éxito hasta enero de este año.
Acompañados por residentes hispanos, los activistas expusieron el sentir de los latinos y su percepción de ser vigilados y multados por la ciudad con demasiada frecuencia. “La comunidad LatinX representa más de la mitad de la población de Doraville y no hemos tenido una presencia fuerte en estos edificios” reclamó una activista, aludiendo a la falta de representación de los hispanos en su gobierno local. Geovani Serrano, otro miembro de la organización, expresó que algunos residentes les dijeron sentirse acosados por inspectores y policías de Doraville.
“Muchos miembros de la comunidad que nos acompañaron era la primera vez que iban a la reunión de los concejales de la ciudad de Doraville, era un espacio que nunca habían ocupado”, explicó Serrano en entrevista con Noticias Telemundo. “Cuando entramos, se veía que estaban muy sorprendidos que había muchos latinos que iban a estar presentes […] no están acostumbrados”.
Posteriormente, sostuvieron una reunión con el entonces concejal Andy Yeoman que los activistas consideraron productiva porque les permitió discutir estos temas más a fondo. Semanas más tarde Yeoman renunció a su cargo en Doraville para postularse como comisionado del condado DeKalb. Los activistas esperan poder establecer contacto con otros concejales para continuar el diálogo que por primera vez, se abrió entre la comunidad latina y sus representantes locales.
“Esperemos que miembros de la comunidad que estuvieron con nosotros se sientan empoderados que ese es su espacio” señaló Serrano, que asegura existe mucho temor entre inmigrantes hispanos, especialmente aquellos que son indocumentados, de hablar con autoridades y enfrentar repercusiones por quejarse de este tipo de asuntos. Destaca que la organización comunitaria y la participación de los residentes hispanos en la toma de decisiones de sus gobiernos locales es indispensable para que las políticas que se implementen consideren las necesidades de la comunidad.
