El Fondo de Defensa Electoral, una organización no partidista y sin fines de lucro, fue creada por el Secretario de Estado Brad Raffensperger y algunos de sus aliados. Su propósito es proteger a los trabajadores electorales de las posibles repercusiones legales y difamatorias que puedan surgir debido a la defensa de los resultados electorales, como sucedió en Georgia en 2020.
Raffensperger, quien enfrentó una demanda por difamación tras respaldar los resultados de 2020, reveló que ha tenido que cubrir 500,000 dólares en gastos legales de su propio bolsillo. Señaló que para trabajadores voluntarios o empleados estatales en el ámbito electoral, una carga financiera de este tipo podría ser devastadora.
Hasta ahora, el Fondo de Defensa Electoral ha recaudado 2 millones de dólares de un objetivo total de 5 millones. Según el portavoz Brian Robinson, esta iniciativa no solo busca apoyar a los trabajadores electorales en Georgia, sino también demostrar que la organización respalda firmemente los principios democráticos. Sin embargo, si un trabajador electoral comete faltas, no recibiría apoyo legal.
Robinson comentó que tanto republicanos como demócratas podrían cuestionar los resultados en caso de una votación ajustada, subrayando la necesidad urgente de contar con personal electoral dispuesto a llevar a cabo este trabajo esencial.
